Pobreza

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Cine y DDHH 2015

Un año más, patient la Muestra de Cine y Derechos Humanos de Pamplona no falta a su cita en los cines Golem Baiona, phlebologist permitiendo a la población de Pamplona disfrutar de cine de compromiso social. Dicha muestra cuenta con la participación de IPES Elkartea, viagra sale Cines Golem, Fundación Felipe Rinaldi, Amnistía Internacional, la Universidad Pública de Navarra y Nosolofilms, así como con la colaboración de otras entidades como son Médicos del Mundo y Almaciga y la Subvención de Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Caja Navarra.

En esta 11ª edición, que tendrá lugar en Pamplona entre los días 16 y 20 de Noviembre, se proyectarán películas de ficción y documental que nos mostrarán nuevamente realidades muy diversas de nuestro mundo: la crisis, precariedad y derecho a la vivienda estarán representadas en Techo y comida; el matrimonio o castidad con un enfoque transgénero será analizado con la proyección de Vergine giurata; la trata de personas la veremos a través de Chicas nuevas 24 horas; y finalmente la plataforma Nosolofilms nos traerá breves y potentes cortometrajes por tercer año consecutivo.

En cada proyección contaremos con invitadas e invitados que nos ayudaran profundizar en los diferentes temas de los que tratan las películas.

Además, también del 16 al 20 de noviembre en sesión matinal se realizarán encuentros con alumnado de Enseñanza Media con un programa ampliado que también incluirá la proyección de Él me llamó Malala y Camino a la escuela. Estas proyecciones también están abiertas al público general que desee asistir en horario de mañana, con el abono del precio habitual de la entrada.

Toda la información sobre la Muestra 2015 puede encontrarse en la página web de la Muestra y en su página de Facebook.

Información aparecida en medios:

Fotograma de Techo y comida

La XI Muestra de Cine y Derechos Humanos arrancó con la proyección de Techo y comida, disinfection
la ópera prima del director jerezano Juan Miguel del Castillo, more about
que se adelantó en Pamplona unas semanas a su estreno en salas, tras haber pasado con éxito por numerosos festivales.

El filme retrata sin un ápice de dulcificación la crudeza de la exclusión social y, en última instancia, los desahucios. Una realidad que hasta hace pocos días aparecía constantemente en los telediarios, pero que ahora ha sido sepultada por machacones titulares de recuperación económica. Se diría que ver el filme en este 2015 produce hasta cierta sensación de anacronismo, dado ese alud de mensajes optimistas que nos golpea cada día.

Y, sin embargo, esa realidad sigue ahí: el índice europeo Arope nos indica que 3 de cada 10 españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social, más de 13,6 millones de personas. Supone un nuevo y triste récord, sumando casi 800.000 personas al dato del informe previo de 2013.

Este informe destaca también que las familias monoparentales son las más afectadas (el 53%, una de cada dos), y alcanza al 36% de los menores de edad españoles (uno de cada tres).

Conociendo estas cifras, el retrato que nos presenta la película vuelve a golpear al espectador desde el presente: Rocío, una joven madre andaluza consigue a duras penas mantener a su hijo Adrián tras 3 años y medio en el paro, 8 meses sin pagar el alquiler, sin apoyo familiar y sin ningún tipo de prestación. Durante los 93 minutos que dura la proyección le vemos batallar en el día a día, ignorando de alguna manera un futuro aún más oscuro (el desahucio y la pérdida de tutela del menor) que confía que nunca le alcance.

Invitados a Techo y comida
De izda. a dcha. Arturo Cisneros (productor navarro del documental Ya sé dónde está el dinero, mami), Begoña Arrondo (IPES Elkartea), Germán García (productor del filme Techo y comida) y Susana Irisarri (Área de Cooperación Universitaria para el Desarrollo, UPNA).

Tras la proyección en los cines Golem, Germán García, productor de Techo y comida, relató cómo es Rocío: “Es un personaje en busca de trabajo para tener una vida normal. Es un personaje digno, pero no de Disney. Una persona dura, cerrada en sí misma, por la vergüenza al fracaso y a no mostrar el no tener los medios para salir adelante.”

Supone también todo ello un retrato de la desigualdad en nuestra sociedad: “No ha tenido las oportunidades que muchos de nosotros hemos podido tener; y como no tiene esos recursos, todo se le hace más complicado”, añadió García. “Nosotros estamos con ella en su cotidianeidad sencilla y humilde –los estudios de su hijo o que no le corten la luz–; pero hay una maquinaria externa a ella, basada en unas leyes, y que nunca vemos en la película, que sigue funcionando. Y llega un día en el que esa maquinaria, que está llegando, cae como una espada de Damocles”.

El productor explicó que al apostar por este proyecto buscaban también crear una película que funcionara hoy por contexto social, pero también en un futuro: “Queríamos que conservara su validez y funcionara más allá del momento coyuntural, y que una persona que la vea dentro de 20 años siguiera sintiendo lo que habéis podido sentir hoy, empatizando con lo que ella está sufriendo, desde dentro”.

Techo y comida se estrena en cines el 4 de diciembre de 2015.

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Nuestro compañero de IPES ELKARTEA, prosthesis
Mikel Berraondo López, pondrá cara a una campaña de la Unión Europea. Con motivo del ‘Año europeo del desarrollo’, el experto en derechos humanos sensibilizará a través de la iniciativa.

El experto en derechos humanos Mikel Berraondo López, miembro de IPES Elkartea y socio de Rights Advice, ha sido seleccionado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación (AECID) para participar en una campaña de difusión con motivo de la celebración del ‘Año europeo del desarrollo’. La Unión Europea ha seleccionado en cada país miembro a un grupo de ciudadanos que destaquen por su trayectoria en cooperación para que participen en una campaña de difusión y sensibilización social….

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Completamos nuestra noticia, con otro artículo que ha salido en Diario de Noticias, sobre éste tema. Para leer, pincha aquí

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 el experto en derechos humanos sensibilizará a través de la iniciativa.

El experto en derechos humanos Mikel Berraondo López, miembro de IPES Elkartea y socio de Rights Advice, ha sido seleccionado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación (AECID) para participar en una campaña de difusión con motivo de la celebración del ‘Año europeo del desarrollo’. La Unión Europea ha seleccionado en cada país miembro a un grupo de ciudadanos que destaquen por su trayectoria en cooperación para que participen en una campaña de difusión y sensibilización social….

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IPES Elkartea te invita el próximo miércoles 10 de junio, clinic
a las 20.00hs en C/ Tejería 28, bajo (Pamplona) a la charla sobre DERECHOS HUMANOS y EMPRESAS.

Empresas y derechos humanos se han convertido en un tema que los distintos Estados y empresas de todo el mundo no pueden ignorar por más tiempo. Por una parte, las empresas contribuyen de diversas maneras  al respeto de los derechos humanos, como, por ejemplo, facilitando el acceso a un empleo digno y condiciones de vida adecuadas. Por otra, las actividades empresariales también pueden provocar resultados adversos para los derechos humanos como los impactos medioambientales que afectan a los derechos de las personas, y otros muchos casos que no suelen atraer la atención de la comunidad internacional. Además, somos testigos de un creciente reconocimiento internacional del papel de los derechos humanos en el desarrollo sostenible, así como de la contribución que las empresas pueden y deberían llevar a cabo en relación a ciertos problemas globales como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad.

Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se adoptó unánimemente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Un número creciente de Estados y empresas está tomando medidas reales para poner en práctica los tres pilares de estos Principios Rectores: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el derecho de las víctimas a acceder a remedios  eficaces. Sin embargo, los mayores desafíos se centran aún en la implementación.

Para profundizar en estas cuesiones nos acompañará Mikel Berraondo, experto internacional en Derechos Humanos y miembro del Area Internacional de IPES Elkartea, recientemente elegido por la UE y la AECID como uno de los rostros de la cooperación española en el año europeo del desarrollo, 2015.

Esta actividad está enmarcada en el proyecto “Xª Muestra de cine y Derechos Humanos” financiado por Fundación Felipe Rinaldi, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra.

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IPES Elkartea te invita el próximo miércoles 10 de junio, somnology
a las 20.00hs en C/ Tejería 28, shop
bajo (Pamplona)
a la charla sobre DERECHOS HUMANOS y EMPRESAS.

Empresas y derechos humanos se han convertido en un tema que los distintos Estados y empresas de todo el mundo no pueden ignorar por más tiempo. Por una parte, las empresas contribuyen de diversas maneras  al respeto de los derechos humanos, como, por ejemplo, facilitando el acceso a un empleo digno y condiciones de vida adecuadas. Por otra, las actividades empresariales también pueden provocar resultados adversos para los derechos humanos como los impactos medioambientales que afectan a los derechos de las personas, y otros muchos casos que no suelen atraer la atención de la comunidad internacional. Además, somos testigos de un creciente reconocimiento internacional del papel de los derechos humanos en el desarrollo sostenible, así como de la contribución que las empresas pueden y deberían llevar a cabo en relación a ciertos problemas globales como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad.

Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se adoptó unánimemente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Un número creciente de Estados y empresas está tomando medidas reales para poner en práctica los tres pilares de estos Principios Rectores: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el derecho de las víctimas a acceder a remedios  eficaces. Sin embargo, los mayores desafíos se centran aún en la implementación.

Para profundizar en estas cuesiones nos acompañará Mikel Berraondo, experto internacional en Derechos Humanos y miembro del Area Internacional de IPES Elkartea, recientemente elegido por la UE y la AECID como uno de los rostros de la cooperación española en el año europeo del desarrollo, 2015.

Esta actividad está enmarcada en el proyecto “Xª Muestra de cine y Derechos Humanos” financiado por Fundación Felipe Rinaldi, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra.

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Baadaye MG_2211

Desde el Área Internacional y de Derechos Humanos de IPES Elkartea presentamos dos nuevas unidades didácticas, discount RX
material de apoyo en el trabajo de educadores y educadoras en materia de Derechos Humanos.

El material didáctico facilitado desde www.cineddhh.org está elaborado en base a las proyecciones “Baadaye” y “Lake Victoria Children”, ampoule
documentales elaborados desde la plataforma www.nosololfilms.org, visit
para abordar la realidad sobre las minorías en África.

A través de un sencillo registro en  www.cineddhh.org podéis acceder al contenido de éstas y otras unidades y guías didácticas que permiten abordar un trabajo educativo sobre los Derechos Humanos desde el cine, para su utilización en el ámbito formal como no formal. Además del material didáctico para educadores y educadores se ofrecen actividades concretas sobre las temáticas tratadas en la proyección, así como el acceso directo al visionado de los documentales.

“Baadaye” está centrada en las dificultades vividas por las personas con albinismo en Tanzania. En el caso de “Lake Victoria de Children”, se trata de un documental sobre la situación de niños y niñas, en su mayoría huérfanos como consecuencia del VIH que afecta especialmente a comunidades como Ukerewe en Tanzania.

Esta actuación está enmarcada en el proyecto “Xª Muestra El Cine, El Mundo y Los Derechos Humanos” impulsada por IPES Elkartea en agrupación con Fundación Felipe Rinaldi y Grupo Intercultural Almáciga, y con la colaboración de Amnistía Internacional Navarra y Medicos del Mundo Navarra. La trayectoria de diez años en el desarrollo de actuaciones de sensibilización en Derechos Humanos a través del cine nos permite actualmente contar con distintos recursos educativos para uso tanto en el ámbito forma como no formal, disponible actualmente a través de la web www.cineddhh.org.

Esperamos que resulte de su interés, en especial, a aquellas personas del ámbito profesional o voluntariado y vinculadas a centros de educación secundaria, organizaciones sociales juveniles, de tiempo libre, organizaciones de mujeres, entidades defensoras de los Derechos Humanos y de participación ciudadana.

Para cualquier consulta o aportación les agradecemos se comuniquen por correo a través de internacionalddhh@ipesnavarra.org

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  • Jornadas

Left over from the war

En el sur de este país del cuerno de África, drugs la población más débil de las provincias de Bakool y Baja Shabelle, patient en la frontera con Kenia, visit this se muere de hambre. Personas ancianas y de toda edad, hombres y mujeres, y sobre todo niños y niñas se desplazan forzosamente al campo de Dabaab (Kenia) para recibir auxilio internacional, todavía muy escaso. Las cooperantes españolas han sido secuestradas a medio camino. La vida diaria de las gentes de esta geografía ha quedado arrasada por la sequía. Pero, el desastre tiene otras causas: el gobierno de Nairobi apenas ha invertido en el desarrollo de la agricultura, ganadería, educación e infraestructuras básicas de sus comunidades más desfavorecidas. Los precios de las semillas para obtener alimentos y de otros productos básicos se encarecen cada vez más. En los años 80 Somalia garantizaba el 85% de sus necesidades de cereales. En 2010 hubo una gran cosecha en la región de Baja Shabelle, muy fértil. Ahora ha llegado la sequía en medio de la guerra civil, que desde los años 90 ha hundido en el caos a las diferentes administraciones somalíes. Las autoridades corruptas de todas las facciones cobran impuestos a las ONG que reparten alimentos. Muchas veces la dependencia excesiva de esta ayuda acarrea pasividad, en vez de estimular la producción autóctona.

En el conflicto bélico de Somalia no se enfrentan tanto los clanes, entremezclados en cada uno de los contendientes, sino las comunidades rurales – llegadas a las ciudades para sobrevivir y que acaban marginadas – con las urbanas, ligadas a los poderes burocráticos. Seguir leyendo

  • Opinión

Militares golpistas de Malí

Los soldados golpistas de Malí no tenían futuro tras la condena y el embargo impuestos por los países vecinos de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), population health
apoyada por Francia, sovaldi sale
antigua potencia colonial. Uno de los objetivos de la junta del capitán Sanogo era contrarrestar la insurrección armada de los tuaregs. Pero las milicias del Movimiento Nacional del Azawad (MNLA) y del grupo yihadista Insar Dine, además de Al Qaeda del Magreb (AQMI), han aprovechado el caos en la capital Bamako para lanzar una rápida ofensiva y llegar hasta Tombuctú, la ciudad de los 333 santos del islam, encrucijada religiosa, cultural, de las redes comerciales y de las migraciones que atraviesan el Sáhara. Sin experiencia, liderazgo y alianzas políticas internas, el directorio militar ha sido aislado y derrotado.
Ahora, la quiebra del Estado maliense exige unidad, fortaleza y no disputas internas. Porque el problema más importante de Malí es su práctica ruptura, una vez que el MNLA ha declarado la independencia de Azawad, el “territorio de la trashumancia”, en la mitad norte del país.
La escasa beligerancia del presidente derrocado, Amadou Toumani Touré (denominado ATT) ante los rebeldes, la delincuencia y el narcotráfico y el desvío a manos privadas de los fondos para la guerra figuran entre las causas del golpe. Su detonante más inmediato fueron las protestas de las mujeres de los soldados – víctimas en los combates – que reclamaron más suministros en armas y alimentos.
Sin embargo, la crisis de Malí refleja otros problemas más profundos del país, trasladables a buena parte de África: estados patrimoniales, militarismo, empobrecimiento e injerencias extranjeras
ATT acabó en 1991 con la dictadura de 23 años dirigida por Moussa Traoré. Luego, cambió el uniforme por el traje de civil y desde 2002 ganó dos elecciones. Emprendió reformas y planes de desarrollo. El multipartidismo sustituyó al partido único. Pero, al cabo de los años, la peculiar “política del consenso” de ATT, ha significado un claro retroceso de la democracia. Nuevas estructuras burocráticas dieron lugar al clientelismo. En aras del lema “amigo de todos y nadie como enemigo” los pactos fagocitaron a casi toda la clase política y consolidaron una jefatura del Estado paternalista. El poder político y económico acabó confiscado por el grupo social y militar partidario de ATT. Con la excusa de que la construcción nacional requiere unanimidad, se compró a los medios de comunicación y las voces discordantes desaparecieron por la fuerza. La máxima africana “no puede haber dos caimanes machos en un solo brazo de un río” se impuso en Malí a la tesis de que el buen gobierno precisa una oposición sólida y viva.
Muchas fronteras de África separan pueblos, culturas, etnias, clanes y formas de vida. Son resultado de una descolonización cuyo propósito fue crear estados frágiles y dependientes para que las metrópolis (sobre todo París con la red Françafrique) mantuvieran su influencia política y económica. Los tuaregs son un ejemplo, distribuidos en Argelia, Níger, Chad, Mauritania, Burkina y Malí, países en los que han protagonizado varias rebeliones. Los diversos gobiernos centralistas de Bamako han marginado a la población tuareg: mínimo acceso al empleo en la administración; abandono cultural; juventud sin trabajo y educación; precariedad en las condiciones de vida y escasa representación institucional. Las organizaciones tuareg han reivindicado al menos el reconocimiento de su identidad cultural y un reparto más igualitario de los recursos de Malí. Ante la negativa como respuesta, proclamaron el derecho a la autodeterminación y ahora la independencia.
En la medida que las formaciones estatales postcoloniales obedecieron más a las antiguas posesiones de las potencias occidentales y a sus intereses y los de las nuevas elites africanas que a la decisión libre a sus poblaciones, podría revisarse el principio de inmovilidad de las fronteras. En los años 50, Francia jugó con el proyecto de un Estado sahariano que incluyera Malí, Níger, Chad y el sur de Argelia. Eritrea y Sudán del Sur son estados recientes reconocidos internacionalmente. En Somalia, Puntlandia y Somalilandia van por libre. No obstante, es obligado comprobar también que la disgregación de los países ya establecidos en África puede acarrear más conflictos que ventajas: desplazamientos forzados; reanudación de la violencia; regímenes donde las identidades étnicas, clánicas, lingüísticas, culturales y religiosas excluyan al resto y nieguen los derechos de ciudadanía de todas las poblaciones en términos de igualdad. Añadamos las dificultades que se pueden generar para una integración económica imprescindible y nuevas ataduras a potencias externas.
Los militares africanos son actores principales de tablero político por su organización jerárquica y una posición de fuerza al controlar las armas. Desde las independencias, hace 51 años, ha habido 34 pronunciamientos en África Occidental. La excusa de salvar el país ha permitido restaurar autocracias. Muchos ejércitos son sinónimo de represión de sus poblaciones y actúan al dictado de los líderes de sus clanes. En Malí la oficialidad se hereda y el reclutamiento responde a la necesidad de obtener un trabajo para salir del paro endémico más que a la convicción de ser un instrumento para la defensa nacional. Las fuerzas armadas malienses reflejan el malestar general del país. La distancia de la clase política y los oficiales de alta graduación respecto a la sociedad y en ella los soldados con sus mandos de menor rango es enorme y reveladora. De hecho, ningún comandante, coronel y general se sumaron al golpe.
Alrededor de la mitad de la población maliense sobrevive con 1,25 dólares. Sólo cuenta con 439 unidades industriales, mientras Costa de Marfil posee 6.000 y Senegal 4.000. Sin embargo, Malí dispone de recursos: es el primer productor de algodón al sur del Sáhara y el 12º mundial (2004). Produce legumbres, cereales y frutas. Su cabaña ganadera supera en cantidad a sus habitantes (15 millones de personas) y el oro representa el 75 % de sus exportaciones. Otros minerales están sin explotar. Pero, la mayor parte de sus productos no se destinan al comercio local y a la autosubsistencia, sino a la exportación. Los precios se fijan en los mercados internacionales no en Bamako. La devaluación del franco CFA a finales de los años 90 impidió la acumulación de capital destinado a inversiones endógenas. La política de ajuste estructural, exigida por las instituciones financieras internacionales, liquidó empresas públicas, las subvenciones a los productos básicos para la alimentación y originó una elite empresarial poco emprendedora y ligada a las compañías extranjeras, que no han reinvertido en Malí sus beneficios. Completan el empobrecimiento, el hundimiento de los precios del algodón en 2005; la corrupción a pequeña escala en la vida diaria y a mayor nivel en el gobierno y el descenso de las remesas de la emigración debido a la crisis económica en Europa. A pesar de todo, sobresalen iniciativas de cooperación internacional al desarrollo: Entre 2008 y 2011, Navarra ha destinado alrededor de 2,6 millones de euros para ocho proyectos de cuatro ONGds, dedicados a salud, agua, infraestructuras…Algunos de ellos se encuentran en plena zona bélica.
Después de la división de Malí, la prioridad de los estados vecinos y de Francia es garantizar la seguridad regional. El primer paso ha sido el pacto con los militares sublevados, el traspaso del poder al presidente de la Cámara, como señala la Constitución, y la convocatoria de nuevos comicios. Se perfila la creación de una zona de interposición en la frontera, marcada por el levantamiento en el norte de Malí. La negociación con los tuareg será más complicada, si el MNLA no se enfrenta a los yihadistas de Insar Dine y a los seguidores de Al Qaeda y controla el tráfico de armas y droga en este territorio. En todo caso, la independencia de Azawad es un hecho consumado, difícil de evitar salvo con otra guerra. Pero, el enemigo principal son los grupos yihadistas desde Malí a Somalia y del sur de Argelia al norte de Nigeria. Cada uno de ellos con sus ambiciones locales, si bien con la idea común de imponer una interpretación del islam intolerante y violenta. Los dirigentes de la CEDEAO hablan de organizar una fuerza militar de 3.000 soldados dispuestos a intervenir. No es tan sencillo. Faltan medios, una tradición militar común, estructura y dinero. Francia podría asegurar la logística, a cambio de abrir una base en Malí que sumar a las de Burkina, Chad y Yibuti, pero debe limitar sus exigencias, en pleno tiempo electoral, porque correría peligro la vida de sus nacionales secuestrados. Estados Unidos siempre ha querido trasladar el mando militar de Africom de Alemania a esta zona de África y participar en operaciones contra el terrorismo yihadista. Chocan con Argelia, que rechaza cualquier injerencia en su área de influencia y quiere el mando con la intención de impedir que esta región se parezca cada vez ma? a las zonas tribales afgano-pakistaníes.
El Sahel se configura desde hace años, y ahora con toda claridad, como un escenario geográfico en disputa. Mejor sería que los recursos económicos para los despliegues armados se destinaran a prevenirlos y a contener la hambruna que empieza a extenderse por aquellas tierras.

Sankoré mosque, Timbuktu

Militares golpistas de Malí

Los soldados golpistas de Malí no tenían futuro tras la condena y el embargo impuestos por los países vecinos de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), herpes
apoyada por Francia, antigua potencia colonial. Uno de los objetivos de la junta del capitán Sanogo era contrarrestar la insurrección armada de los tuaregs. Pero las milicias del Movimiento Nacional del Azawad (MNLA) y del grupo yihadista Insar Dine, además de Al Qaeda del Magreb (AQMI), han aprovechado el caos en la capital Bamako para lanzar una rápida ofensiva y llegar hasta Tombuctú, la ciudad de los 333 santos del islam, encrucijada religiosa, cultural, de las redes comerciales y de las migraciones que atraviesan el Sáhara. Sin experiencia, liderazgo y alianzas políticas internas, el directorio militar ha sido aislado y derrotado.
Ahora, la quiebra del Estado maliense exige unidad, fortaleza y no disputas internas. Porque el problema más importante de Malí es su práctica ruptura, una vez que el MNLA ha declarado la independencia de Azawad, el “territorio de la trashumancia”, en la mitad norte del país.
La escasa beligerancia del presidente derrocado, Amadou Toumani Touré (denominado ATT) ante los rebeldes, la delincuencia y el narcotráfico y el desvío a manos privadas de los fondos para la guerra figuran entre las causas del golpe. Su detonante más inmediato fueron las protestas de las mujeres de los soldados – víctimas en los combates – que reclamaron más suministros en armas y alimentos.
Sin embargo, la crisis de Malí refleja otros problemas más profundos del país, trasladables a buena parte de África: estados patrimoniales, militarismo, empobrecimiento e injerencias extranjeras
ATT acabó en 1991 con la dictadura de 23 años dirigida por Moussa Traoré. Luego, cambió el uniforme por el traje de civil y desde 2002 ganó dos elecciones. Emprendió reformas y planes de desarrollo. El multipartidismo sustituyó al partido único. Pero, al cabo de los años, la peculiar “política del consenso” de ATT, ha significado un claro retroceso de la democracia. Nuevas estructuras burocráticas dieron lugar al clientelismo. En aras del lema “amigo de todos y nadie como enemigo” los pactos fagocitaron a casi toda la clase política y consolidaron una jefatura del Estado paternalista. El poder político y económico acabó confiscado por el grupo social y militar partidario de ATT. Con la excusa de que la construcción nacional requiere unanimidad, se compró a los medios de comunicación y las voces discordantes desaparecieron por la fuerza. La máxima africana “no puede haber dos caimanes machos en un solo brazo de un río” se impuso en Malí a la tesis de que el buen gobierno precisa una oposición sólida y viva.
Muchas fronteras de África separan pueblos, culturas, etnias, clanes y formas de vida. Son resultado de una descolonización cuyo propósito fue crear estados frágiles y dependientes para que las metrópolis (sobre todo París con la red Françafrique) mantuvieran su influencia política y económica. Los tuaregs son un ejemplo, distribuidos en Argelia, Níger, Chad, Mauritania, Burkina y Malí, países en los que han protagonizado varias rebeliones. Los diversos gobiernos centralistas de Bamako han marginado a la población tuareg: mínimo acceso al empleo en la administración; abandono cultural; juventud sin trabajo y educación; precariedad en las condiciones de vida y escasa representación institucional. Las organizaciones tuareg han reivindicado al menos el reconocimiento de su identidad cultural y un reparto más igualitario de los recursos de Malí. Ante la negativa como respuesta, proclamaron el derecho a la autodeterminación y ahora la independencia.
En la medida que las formaciones estatales postcoloniales obedecieron más a las antiguas posesiones de las potencias occidentales y a sus intereses y los de las nuevas elites africanas que a la decisión libre a sus poblaciones, podría revisarse el principio de inmovilidad de las fronteras. En los años 50, Francia jugó con el proyecto de un Estado sahariano que incluyera Malí, Níger, Chad y el sur de Argelia. Eritrea y Sudán del Sur son estados recientes reconocidos internacionalmente. En Somalia, Puntlandia y Somalilandia van por libre. No obstante, es obligado comprobar también que la disgregación de los países ya establecidos en África puede acarrear más conflictos que ventajas: desplazamientos forzados; reanudación de la violencia; regímenes donde las identidades étnicas, clánicas, lingüísticas, culturales y religiosas excluyan al resto y nieguen los derechos de ciudadanía de todas las poblaciones en términos de igualdad. Añadamos las dificultades que se pueden generar para una integración económica imprescindible y nuevas ataduras a potencias externas.
Los militares africanos son actores principales de tablero político por su organización jerárquica y una posición de fuerza al controlar las armas. Desde las independencias, hace 51 años, ha habido 34 pronunciamientos en África Occidental. La excusa de salvar el país ha permitido restaurar autocracias. Muchos ejércitos son sinónimo de represión de sus poblaciones y actúan al dictado de los líderes de sus clanes. En Malí la oficialidad se hereda y el reclutamiento responde a la necesidad de obtener un trabajo para salir del paro endémico más que a la convicción de ser un instrumento para la defensa nacional. Las fuerzas armadas malienses reflejan el malestar general del país. La distancia de la clase política y los oficiales de alta graduación respecto a la sociedad y en ella los soldados con sus mandos de menor rango es enorme y reveladora. De hecho, ningún comandante, coronel y general se sumaron al golpe.

Mezquita Sankore en Tombuctú, Malí, por **El-Len**
Alrededor de la mitad de la población maliense sobrevive con 1,25 dólares. Sólo cuenta con 439 unidades industriales, mientras Costa de Marfil posee 6.000 y Senegal 4.000. Sin embargo, Malí dispone de recursos: es el primer productor de algodón al sur del Sáhara y el 12º mundial (2004). Produce legumbres, cereales y frutas. Su cabaña ganadera supera en cantidad a sus habitantes (15 millones de personas) y el oro representa el 75 % de sus exportaciones. Otros minerales están sin explotar. Pero, la mayor parte de sus productos no se destinan al comercio local y a la autosubsistencia, sino a la exportación. Los precios se fijan en los mercados internacionales no en Bamako. La devaluación del franco CFA a finales de los años 90 impidió la acumulación de capital destinado a inversiones endógenas. La política de ajuste estructural, exigida por las instituciones financieras internacionales, liquidó empresas públicas, las subvenciones a los productos básicos para la alimentación y originó una elite empresarial poco emprendedora y ligada a las compañías extranjeras, que no han reinvertido en Malí sus beneficios. Completan el empobrecimiento, el hundimiento de los precios del algodón en 2005; la corrupción a pequeña escala en la vida diaria y a mayor nivel en el gobierno y el descenso de las remesas de la emigración debido a la crisis económica en Europa. A pesar de todo, sobresalen iniciativas de cooperación internacional al desarrollo: Entre 2008 y 2011, Navarra ha destinado alrededor de 2,6 millones de euros para ocho proyectos de cuatro ONGds, dedicados a salud, agua, infraestructuras…Algunos de ellos se encuentran en plena zona bélica.
Después de la división de Malí, la prioridad de los estados vecinos y de Francia es garantizar la seguridad regional. El primer paso ha sido el pacto con los militares sublevados, el traspaso del poder al presidente de la Cámara, como señala la Constitución, y la convocatoria de nuevos comicios. Se perfila la creación de una zona de interposición en la frontera, marcada por el levantamiento en el norte de Malí. La negociación con los tuareg será más complicada, si el MNLA no se enfrenta a los yihadistas de Insar Dine y a los seguidores de Al Qaeda y controla el tráfico de armas y droga en este territorio. En todo caso, la independencia de Azawad es un hecho consumado, difícil de evitar salvo con otra guerra. Pero, el enemigo principal son los grupos yihadistas desde Malí a Somalia y del sur de Argelia al norte de Nigeria. Cada uno de ellos con sus ambiciones locales, si bien con la idea común de imponer una interpretación del islam intolerante y violenta. Los dirigentes de la CEDEAO hablan de organizar una fuerza militar de 3.000 soldados dispuestos a intervenir. No es tan sencillo. Faltan medios, una tradición militar común, estructura y dinero. Francia podría asegurar la logística, a cambio de abrir una base en Malí que sumar a las de Burkina, Chad y Yibuti, pero debe limitar sus exigencias, en pleno tiempo electoral, porque correría peligro la vida de sus nacionales secuestrados. Estados Unidos siempre ha querido trasladar el mando militar de Africom de Alemania a esta zona de África y participar en operaciones contra el terrorismo yihadista. Chocan con Argelia, que rechaza cualquier injerencia en su área de influencia y quiere el mando con la intención de impedir que esta región se parezca cada vez ma? a las zonas tribales afgano-pakistaníes.
El Sahel se configura desde hace años, y ahora con toda claridad, como un escenario geográfico en disputa. Mejor sería que los recursos económicos para los despliegues armados se destinaran a prevenirlos y a contener la hambruna que empieza a extenderse por aquellas tierras.
Militares golpistas de Malí

Los soldados golpistas de Malí no tenían futuro tras la condena y el embargo impuestos por los países vecinos de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), sovaldi apoyada por Francia, antigua potencia colonial. Uno de los objetivos de la junta del capitán Sanogo era contrarrestar la insurrección armada de los tuaregs. Pero las milicias del Movimiento Nacional del Azawad (MNLA) y del grupo yihadista Insar Dine, además de Al Qaeda del Magreb (AQMI), han aprovechado el caos en la capital Bamako para lanzar una rápida ofensiva y llegar hasta Tombuctú, la ciudad de los 333 santos del islam, encrucijada religiosa, cultural, de las redes comerciales y de las migraciones que atraviesan el Sáhara. Sin experiencia, liderazgo y alianzas políticas internas, el directorio militar ha sido aislado y derrotado.
Ahora, la quiebra del Estado maliense exige unidad, fortaleza y no disputas internas. Porque el problema más importante de Malí es su práctica ruptura, una vez que el MNLA ha declarado la independencia de Azawad, el “territorio de la trashumancia”, en la mitad norte del país.
La escasa beligerancia del presidente derrocado, Amadou Toumani Touré (denominado ATT) ante los rebeldes, la delincuencia y el narcotráfico y el desvío a manos privadas de los fondos para la guerra figuran entre las causas del golpe. Su detonante más inmediato fueron las protestas de las mujeres de los soldados – víctimas en los combates – que reclamaron más suministros en armas y alimentos.
Sin embargo, la crisis de Malí refleja otros problemas más profundos del país, trasladables a buena parte de África: estados patrimoniales, militarismo, empobrecimiento e injerencias extranjeras
ATT acabó en 1991 con la dictadura de 23 años dirigida por Moussa Traoré. Luego, cambió el uniforme por el traje de civil y desde 2002 ganó dos elecciones. Emprendió reformas y planes de desarrollo. El multipartidismo sustituyó al partido único. Pero, al cabo de los años, la peculiar “política del consenso” de ATT, ha significado un claro retroceso de la democracia. Nuevas estructuras burocráticas dieron lugar al clientelismo. En aras del lema “amigo de todos y nadie como enemigo” los pactos fagocitaron a casi toda la clase política y consolidaron una jefatura del Estado paternalista. El poder político y económico acabó confiscado por el grupo social y militar partidario de ATT. Con la excusa de que la construcción nacional requiere unanimidad, se compró a los medios de comunicación y las voces discordantes desaparecieron por la fuerza. La máxima africana “no puede haber dos caimanes machos en un solo brazo de un río” se impuso en Malí a la tesis de que el buen gobierno precisa una oposición sólida y viva.
Muchas fronteras de África separan pueblos, culturas, etnias, clanes y formas de vida. Son resultado de una descolonización cuyo propósito fue crear estados frágiles y dependientes para que las metrópolis (sobre todo París con la red Françafrique) mantuvieran su influencia política y económica. Los tuaregs son un ejemplo, distribuidos en Argelia, Níger, Chad, Mauritania, Burkina y Malí, países en los que han protagonizado varias rebeliones. Los diversos gobiernos centralistas de Bamako han marginado a la población tuareg: mínimo acceso al empleo en la administración; abandono cultural; juventud sin trabajo y educación; precariedad en las condiciones de vida y escasa representación institucional. Las organizaciones tuareg han reivindicado al menos el reconocimiento de su identidad cultural y un reparto más igualitario de los recursos de Malí. Ante la negativa como respuesta, proclamaron el derecho a la autodeterminación y ahora la independencia.
En la medida que las formaciones estatales postcoloniales obedecieron más a las antiguas posesiones de las potencias occidentales y a sus intereses y los de las nuevas elites africanas que a la decisión libre a sus poblaciones, podría revisarse el principio de inmovilidad de las fronteras. En los años 50, Francia jugó con el proyecto de un Estado sahariano que incluyera Malí, Níger, Chad y el sur de Argelia. Eritrea y Sudán del Sur son estados recientes reconocidos internacionalmente. En Somalia, Puntlandia y Somalilandia van por libre. No obstante, es obligado comprobar también que la disgregación de los países ya establecidos en África puede acarrear más conflictos que ventajas: desplazamientos forzados; reanudación de la violencia; regímenes donde las identidades étnicas, clánicas, lingüísticas, culturales y religiosas excluyan al resto y nieguen los derechos de ciudadanía de todas las poblaciones en términos de igualdad. Añadamos las dificultades que se pueden generar para una integración económica imprescindible y nuevas ataduras a potencias externas.
Los militares africanos son actores principales de tablero político por su organización jerárquica y una posición de fuerza al controlar las armas. Desde las independencias, hace 51 años, ha habido 34 pronunciamientos en África Occidental. La excusa de salvar el país ha permitido restaurar autocracias. Muchos ejércitos son sinónimo de represión de sus poblaciones y actúan al dictado de los líderes de sus clanes. En Malí la oficialidad se hereda y el reclutamiento responde a la necesidad de obtener un trabajo para salir del paro endémico más que a la convicción de ser un instrumento para la defensa nacional. Las fuerzas armadas malienses reflejan el malestar general del país. La distancia de la clase política y los oficiales de alta graduación respecto a la sociedad y en ella los soldados con sus mandos de menor rango es enorme y reveladora. De hecho, ningún comandante, coronel y general se sumaron al golpe.

Mezquita Sankore en Tombuctú, Malí, por **El-Len**
Alrededor de la mitad de la población maliense sobrevive con 1,25 dólares. Sólo cuenta con 439 unidades industriales, mientras Costa de Marfil posee 6.000 y Senegal 4.000. Sin embargo, Malí dispone de recursos: es el primer productor de algodón al sur del Sáhara y el 12º mundial (2004). Produce legumbres, cereales y frutas. Su cabaña ganadera supera en cantidad a sus habitantes (15 millones de personas) y el oro representa el 75 % de sus exportaciones. Otros minerales están sin explotar. Pero, la mayor parte de sus productos no se destinan al comercio local y a la autosubsistencia, sino a la exportación. Los precios se fijan en los mercados internacionales no en Bamako. La devaluación del franco CFA a finales de los años 90 impidió la acumulación de capital destinado a inversiones endógenas. La política de ajuste estructural, exigida por las instituciones financieras internacionales, liquidó empresas públicas, las subvenciones a los productos básicos para la alimentación y originó una elite empresarial poco emprendedora y ligada a las compañías extranjeras, que no han reinvertido en Malí sus beneficios. Completan el empobrecimiento, el hundimiento de los precios del algodón en 2005; la corrupción a pequeña escala en la vida diaria y a mayor nivel en el gobierno y el descenso de las remesas de la emigración debido a la crisis económica en Europa. A pesar de todo, sobresalen iniciativas de cooperación internacional al desarrollo: Entre 2008 y 2011, Navarra ha destinado alrededor de 2,6 millones de euros para ocho proyectos de cuatro ONGds, dedicados a salud, agua, infraestructuras…Algunos de ellos se encuentran en plena zona bélica.
Después de la división de Malí, la prioridad de los estados vecinos y de Francia es garantizar la seguridad regional. El primer paso ha sido el pacto con los militares sublevados, el traspaso del poder al presidente de la Cámara, como señala la Constitución, y la convocatoria de nuevos comicios. Se perfila la creación de una zona de interposición en la frontera, marcada por el levantamiento en el norte de Malí. La negociación con los tuareg será más complicada, si el MNLA no se enfrenta a los yihadistas de Insar Dine y a los seguidores de Al Qaeda y controla el tráfico de armas y droga en este territorio. En todo caso, la independencia de Azawad es un hecho consumado, difícil de evitar salvo con otra guerra. Pero, el enemigo principal son los grupos yihadistas desde Malí a Somalia y del sur de Argelia al norte de Nigeria. Cada uno de ellos con sus ambiciones locales, si bien con la idea común de imponer una interpretación del islam intolerante y violenta. Los dirigentes de la CEDEAO hablan de organizar una fuerza militar de 3.000 soldados dispuestos a intervenir. No es tan sencillo. Faltan medios, una tradición militar común, estructura y dinero. Francia podría asegurar la logística, a cambio de abrir una base en Malí que sumar a las de Burkina, Chad y Yibuti, pero debe limitar sus exigencias, en pleno tiempo electoral, porque correría peligro la vida de sus nacionales secuestrados. Estados Unidos siempre ha querido trasladar el mando militar de Africom de Alemania a esta zona de África y participar en operaciones contra el terrorismo yihadista. Chocan con Argelia, que rechaza cualquier injerencia en su área de influencia y quiere el mando con la intención de impedir que esta región se parezca cada vez ma? a las zonas tribales afgano-pakistaníes.
El Sahel se configura desde hace años, y ahora con toda claridad, como un escenario geográfico en disputa. Mejor sería que los recursos económicos para los despliegues armados se destinaran a prevenirlos y a contener la hambruna que empieza a extenderse por aquellas tierras.

Sankoré mosque, Timbuktu

Bombardeo de un poblado en Abyei

La tregua ha saltado en pedazos con ataques aéreos contra Bentiu, ailment
interior de Sudán del Sur. Se suman a los recientes choques en Heglig, otolaryngologist
límite de Abyei, prescription frontera entre los dos Sudán. La disputa es por la posesión de la mitad de los cerca de 470.000 barriles diarios que produce Sudán del Sur, un nuevo Estado independiente desde julio de 2011, desgajado del resto de Sudán. Cinco intentos de negociación, amparados por la Unión Africana, han fracasado por los intereses contrapuestos de sus líderes respectivos: en el norte, el musulmán Omar al Bashir, imputado por el Tribunal Penal Internacional por los crímenes en Darfur. Al sur, Salva Kiir, cristiano, partidario acérrimo de la división de Sudán y nuevo dirigente autoritario, ganador absoluto de unas elecciones sin oposición. La población civil pone las víctimas: 2.000 muertos y decenas de miles de personas desplazadas.

El reparto de los ingresos derivados del petróleo y de los cargos en la administración del gobierno central alimentaron un enfrentamiento permanente

Dos durísimas guerras civiles (1955-1972 y 1983-2005) gestaron la ruptura de un país diverso con 600 grupos étnicos y religiones enfrentadas: el islam, mayoría en el norte; animistas y cristianos, hegemónicos en el sur. El reparto de los ingresos derivados del petróleo y de los cargos en la administración del gobierno central alimentaron un enfrentamiento permanente. La búsqueda de una identidad nacional múltiple e integradora, frente al conflicto entre ser árabe y la africanidad acabó rota por la obsesión de los gobiernos centralizadores de Jartum de reislamizar a la fuerza todo el país. También ha promovido la secesión y el personalismo de algunos políticos que preferían ser jefes de un nuevo Estado en Juba (Sudán del Sur) que vicepresidentes de un Sudán común. Para no perder su influencia regional EE.UU. y hasta Israel han intervenido en la crisis, porque un Sudán segregado debilita el conjunto árabe, en una geografía retaguardia de Egipto y amplia ventana al Mar Rojo.

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El Área Internacional y de Derechos Humanos de IPES participa en una nueva edición de las jornadas sobre el mundo chino, viagra here refractionist
organizadas por la Red Navarra de Estudios Chinos, order formada también por la Universidad Pública y la empresa FUDE. La V edición de estas jornadas se dedica a “Taiwán, unhealthy otra realidad”. Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades. Una Exposición de fotografías de destacados artistas taiwaneses, dos charlas y dos películas con comentarios y coloquios componen un programa en el que además ha colaborado la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España.

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Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades. Una Exposición de fotografías de destacados artistas taiwaneses, dos charlas y dos películas con comentarios y coloquios componen un programa en el que además ha colaborado la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España.

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Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, esophagitis
provincia de Bocas del Toro (Panamá)
.

Los Ngöbe es uno de los grupos indígenas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, find
intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

“Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

Avance de la deforestación de la comunidad

En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

Cartel del proyecto de reasentamiento

Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


El Área Internacional y de Derechos Humanos de IPES participa en una nueva edición de las jornadas sobre el mundo chino, refractionist
organizadas por la Red Navarra de Estudios Chinos, formada también por la Universidad Pública y la empresa FUDE. La V edición de estas jornadas se dedica a “Taiwán, otra realidad”. Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades. Una Exposición de fotografías de destacados artistas taiwaneses, dos charlas y dos películas con comentarios y coloquios componen un programa en el que además ha colaborado la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España.

Red Navarra de Estudios Chinos

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organizadas por la Red Navarra de Estudios Chinos, formada también por la Universidad Pública de Navarra y la empresa FUDE.

La V edición de estas jornadas se dedica a “Taiwán, otra realidad”

Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades. Una Exposición de fotografías de destacados artistas taiwaneses, dos charlas y dos películas con comentarios y coloquios componen un programa en el que además ha colaborado la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España.

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Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades.

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Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades.

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Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, esophagitis
provincia de Bocas del Toro (Panamá)
.

Los Ngöbe es uno de los grupos indígenas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, find
intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

“Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

Avance de la deforestación de la comunidad

En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

Cartel del proyecto de reasentamiento

Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, viagra
provincia de Bocas del Toro (Panamá)
.

Los Ngöbe es uno de los grupos indígenas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, íntimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

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  • Charla

Foto

Las comunidades Valle Rey, health
Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

Foto

En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

Foto

Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

Atte.

Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
Foto

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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

Foto

En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

Foto

En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

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Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

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Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

Foto

En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

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Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

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Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

Atte.

Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Las comunidades Valle Rey, there
Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

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En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

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tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

Atte.

Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Las comunidades Valle Rey, there
Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

Atte.

Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Las comunidades Valle Rey, health
Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

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Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, for sale
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

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Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

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Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

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Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

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Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

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tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

Atte.

Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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Las comunidades Valle Rey, hair
Charco la Pava y Changuinola Arriba han exigido al Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW para ejecute la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Desde que se inició el proyecto hemos luchado para que el gobierno nacional atienda la suspensión del proyecto Chan 75, purchase
tal y como lo recomendó el Relator de Naciones Unidas James Anaya. Esta solicitud se debía a la estrategia mal intencionada del gobierno nacional y la empresa AES/CCW, que consiste en construir el muro de 90 metros para que las comunidades desalojen a la fuerza sus territorios.

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En la madrugada del lunes 23 de agosto de 2010, las familias de la viuda Ana Castillo, Venero Santo y Ernesto López, tuvieron que ser evacuadas de sus casas, por el peligro en que se encuentran sus vidas, ya que el nivel del rio Changuinola llegó a 3 metros de sus casa, producto de la construcción de la represa que según la gerencia de AES en medios locales tiene un avance de 80%; sin tener en cuenta los daños que producen a la comunidad de Charco la Pava y Valle Rey.

Si bien es cierto que algunas familias llegaron a un acuerdo producto de los daños que hizo y hace la empresa AES, eso no significa la renuncia de derechos. Hasta el momento la dirigencia de Charco la Pava, Valle Rey y Changuinola arriba no han renunciado a ningún derecho colectivo como pueblos indígenas.

Las comunidades de Valle Rey, Charco la Pava se encuentran en peligro. La empresa AES no respeta los acuerdos.

Varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el peligro en que se encuentran sus vidas

En tal sentido, la dirigencia de Valle Rey, Changuinola Arriba y Charco la Pava han tomado la difícil decisión de desalojarse en áreas donde su vidas no estén en peligro, aun cuando la empresa AES no respeta los acuerdos y el gobierno nacional no ha reconocido las tierras y territorios donde se ubicarán.

Las comunidades de Changuinola Arriba, Valle Rey, Charco la Pava, desalojadas forzosamente por la presa Chan75 lucharán por el reconocimiento de sus derechos desde donde estén.

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Además de que la presa pone en peligro la vida de los Ngäbe, el proyecto Chan 75 restringe también la libertad de tránsito de los moradores de las comunidades causándoles violaciones a su derecho de transitar libremente por sus territorios. Los trabajos de tala los realizarán las comunidades porque no permitiremos más atropellos en nuestras tierras.

Convocamos observadores de Derechos Humanos a monitorear la situación de las comunidades Ngäbe.

Atte.

Ernesto López, Santiago Santo, Rafael Abrego, Domingo Abrego, Ana Castillo.
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12 may 2009

Urgencia en Birmania

Manifestantes por Suu KyiDespués de unas elecciones tramposas, eczema sickness
la heroína de la oposición de Birmania, audiologist Aung San Suu Kyi(Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre. En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, sickness la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos. El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

El régimen (Tatmadaw) es la suma de una camarilla militar – oficiales megalómanos y aficionados a las adivinaciones astrológicas – burócratas, que se han apropiado del poder político y económico del país. Alrededor del 40 % del PIB es patrimonio de altos cargos del ejército. Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007. Tampoco fueron incapaces de auxiliar a la población durante el ciclón Nargis en 2008. Ahora, no se han convertido de repente en demócratas. Más bien, la intención de la Junta es mejorar su penosa imagen internacional y aliviar la presión exterior. Asimismo, pretenden que vecinos como China, India, Tailandia y los países del Sudeste Asiático puedan continuar sin trabas, ni reproches la alianza que mantienen con los militares para hacer estupendos negocios en un país con grandes riquezas naturales. Dos razones más para este cambio teledirigido: comienzan a aparecer fisuras en la jerarquía del régimen y es preciso mantener la unidad cuando se intensifica el conflicto con las minorías étnicas del norte y el este del país (Kachin, Shan, Karen y Wa) en combate abierto con las tropas gubernamentales. Precisamente, la denominación que los generales dieron a Birmania desde 1989 fue Unión de Myanmar, con la finalidad de centralizar el Estado frente a las diversas etnias.

Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007

En definitiva, es más conveniente proceder a una transición hacia una “democracia disciplinada y vigilada” que perder todo el control. El proceso electoral ha sido manipulado ampliamente para que ganaran los partidos gubernamentales, especialmente el Partido para la Solidaridad y Desarrollo de la Unión del primer ministro Thein Sein. Los obstáculos legales han sido muy difíciles de franquear: imposibilidad de que los detenidos políticos (desde Suu Kyi a los 2.100 encarcelados) fueran en las listas; el precio de 400 euros que debía pagar cada candidato o las molestias policiales a partidos opositores como Paz y Diversidad y el Partido Democrático de las Nacionalidades, la formación étnica más destacada. No obstante, las limitaciones principales proceden del mismo sistema: la Junta se reserva el 25 % de los escaños en el Parlamento y en las Asambleas provinciales y el presidente no es designado directamente sino por la decisión de tres vicepresidentes, de los cuales uno es nombrado por los militares.

Por estas razones, la Liga Nacional para la Democracia, de Ang San Suu Kyi, ha preferido no presentarse a las elecciones y pedir el boicot. Han reivindicado la abolición de la Constitución de 2008, la libertad para todos los presos políticos y un diálogo auténtico con todos los partidos. Sin embargo, las dudas y divisiones en las formaciones de la oposición se han manifestado con claridad. No pocos grupos han pensado que era más conveniente participar en los comicios para no dejar todo el campo libre a la Junta y hacer visible una alternativa interna. Los opositores más jóvenes, encuadrados en Generacion Wave, han optado por un rechazo total. No podían reclamar menos, ya que precisamente la Liga Nacional obtuvo 392 de 485 escaños en las últimas elecciones libres el año 1990. La consecuencia inmediata no se ha hecho esperar. La Junta ha disuelto oficialmente el partido, porque la condición imprescindible para ser legal era acudir a los comicios. La fragmentación de la oposición fortalece a los militares, que obtienen la iniciativa política mediante concesiones como la liberación de la señora Kyi. Las primeras declaraciones de la líder birmana revelan decisión y prudencia: diálogo y reconciliación nacional. Quizá a la espera de configurar una coalición federada de los grupos de la oposición, incluidas las formaciones étnicas, para promover una campaña en favor de una democracia completa.

Manifestantes por Suu KyiDespués de unas elecciones tramposas, sickness
la heroína de la oposición de Birmania, Aung San Suu Kyi(Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre. En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos. El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

El régimen (Tatmadaw) es la suma de una camarilla militar – oficiales megalómanos y aficionados a las adivinaciones astrológicas – burócratas, que se han apropiado del poder político y económico del país. Alrededor del 40 % del PIB es patrimonio de altos cargos del ejército. Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007. Tampoco fueron incapaces de auxiliar a la población durante el ciclón Nargis en 2008. Ahora, no se han convertido de repente en demócratas. Más bien, la intención de la Junta es mejorar su penosa imagen internacional y aliviar la presión exterior. Asimismo, pretenden que vecinos como China, India, Tailandia y los países del Sudeste Asiático puedan continuar sin trabas, ni reproches la alianza que mantienen con los militares para hacer estupendos negocios en un país con grandes riquezas naturales. Dos razones más para este cambio teledirigido: comienzan a aparecer fisuras en la jerarquía del régimen y es preciso mantener la unidad cuando se intensifica el conflicto con las minorías étnicas del norte y el este del país (Kachin, Shan, Karen y Wa) en combate abierto con las tropas gubernamentales. Precisamente, la denominación que los generales dieron a Birmania desde 1989 fue Unión de Myanmar, con la finalidad de centralizar el Estado frente a las diversas etnias.

Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007

En definitiva, es más conveniente proceder a una transición hacia una “democracia disciplinada y vigilada” que perder todo el control. El proceso electoral ha sido manipulado ampliamente para que ganaran los partidos gubernamentales, especialmente el Partido para la Solidaridad y Desarrollo de la Unión del primer ministro Thein Sein. Los obstáculos legales han sido muy difíciles de franquear: imposibilidad de que los detenidos políticos (desde Suu Kyi a los 2.100 encarcelados) fueran en las listas; el precio de 400 euros que debía pagar cada candidato o las molestias policiales a partidos opositores como Paz y Diversidad y el Partido Democrático de las Nacionalidades, la formación étnica más destacada. No obstante, las limitaciones principales proceden del mismo sistema: la Junta se reserva el 25 % de los escaños en el Parlamento y en las Asambleas provinciales y el presidente no es designado directamente sino por la decisión de tres vicepresidentes, de los cuales uno es nombrado por los militares.

Por estas razones, la Liga Nacional para la Democracia, de Ang San Suu Kyi, ha preferido no presentarse a las elecciones y pedir el boicot. Han reivindicado la abolición de la Constitución de 2008, la libertad para todos los presos políticos y un diálogo auténtico con todos los partidos. Sin embargo, las dudas y divisiones en las formaciones de la oposición se han manifestado con claridad. No pocos grupos han pensado que era más conveniente participar en los comicios para no dejar todo el campo libre a la Junta y hacer visible una alternativa interna. Los opositores más jóvenes, encuadrados en Generacion Wave, han optado por un rechazo total. No podían reclamar menos, ya que precisamente la Liga Nacional obtuvo 392 de 485 escaños en las últimas elecciones libres el año 1990. La consecuencia inmediata no se ha hecho esperar. La Junta ha disuelto oficialmente el partido, porque la condición imprescindible para ser legal era acudir a los comicios. La fragmentación de la oposición fortalece a los militares, que obtienen la iniciativa política mediante concesiones como la liberación de la señora Kyi. Las primeras declaraciones de la líder birmana revelan decisión y prudencia: diálogo y reconciliación nacional. Quizá a la espera de configurar una coalición federada de los grupos de la oposición, incluidas las formaciones étnicas, para promover una campaña en favor de una democracia completa.

Manifestantes por Suu KyiDespués de unas elecciones tramposas, sovaldi la heroína de la oposición de Birmania, pilule Aung San Suu Kyi(Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre. En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, nurse
la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos. El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

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Manifestantes por Suu KyiDespués de unas elecciones tramposas, eczema sickness
la heroína de la oposición de Birmania, audiologist Aung San Suu Kyi(Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre. En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, sickness la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos. El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

El régimen (Tatmadaw) es la suma de una camarilla militar – oficiales megalómanos y aficionados a las adivinaciones astrológicas – burócratas, que se han apropiado del poder político y económico del país. Alrededor del 40 % del PIB es patrimonio de altos cargos del ejército. Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007. Tampoco fueron incapaces de auxiliar a la población durante el ciclón Nargis en 2008. Ahora, no se han convertido de repente en demócratas. Más bien, la intención de la Junta es mejorar su penosa imagen internacional y aliviar la presión exterior. Asimismo, pretenden que vecinos como China, India, Tailandia y los países del Sudeste Asiático puedan continuar sin trabas, ni reproches la alianza que mantienen con los militares para hacer estupendos negocios en un país con grandes riquezas naturales. Dos razones más para este cambio teledirigido: comienzan a aparecer fisuras en la jerarquía del régimen y es preciso mantener la unidad cuando se intensifica el conflicto con las minorías étnicas del norte y el este del país (Kachin, Shan, Karen y Wa) en combate abierto con las tropas gubernamentales. Precisamente, la denominación que los generales dieron a Birmania desde 1989 fue Unión de Myanmar, con la finalidad de centralizar el Estado frente a las diversas etnias.

Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007

En definitiva, es más conveniente proceder a una transición hacia una “democracia disciplinada y vigilada” que perder todo el control. El proceso electoral ha sido manipulado ampliamente para que ganaran los partidos gubernamentales, especialmente el Partido para la Solidaridad y Desarrollo de la Unión del primer ministro Thein Sein. Los obstáculos legales han sido muy difíciles de franquear: imposibilidad de que los detenidos políticos (desde Suu Kyi a los 2.100 encarcelados) fueran en las listas; el precio de 400 euros que debía pagar cada candidato o las molestias policiales a partidos opositores como Paz y Diversidad y el Partido Democrático de las Nacionalidades, la formación étnica más destacada. No obstante, las limitaciones principales proceden del mismo sistema: la Junta se reserva el 25 % de los escaños en el Parlamento y en las Asambleas provinciales y el presidente no es designado directamente sino por la decisión de tres vicepresidentes, de los cuales uno es nombrado por los militares.

Por estas razones, la Liga Nacional para la Democracia, de Ang San Suu Kyi, ha preferido no presentarse a las elecciones y pedir el boicot. Han reivindicado la abolición de la Constitución de 2008, la libertad para todos los presos políticos y un diálogo auténtico con todos los partidos. Sin embargo, las dudas y divisiones en las formaciones de la oposición se han manifestado con claridad. No pocos grupos han pensado que era más conveniente participar en los comicios para no dejar todo el campo libre a la Junta y hacer visible una alternativa interna. Los opositores más jóvenes, encuadrados en Generacion Wave, han optado por un rechazo total. No podían reclamar menos, ya que precisamente la Liga Nacional obtuvo 392 de 485 escaños en las últimas elecciones libres el año 1990. La consecuencia inmediata no se ha hecho esperar. La Junta ha disuelto oficialmente el partido, porque la condición imprescindible para ser legal era acudir a los comicios. La fragmentación de la oposición fortalece a los militares, que obtienen la iniciativa política mediante concesiones como la liberación de la señora Kyi. Las primeras declaraciones de la líder birmana revelan decisión y prudencia: diálogo y reconciliación nacional. Quizá a la espera de configurar una coalición federada de los grupos de la oposición, incluidas las formaciones étnicas, para promover una campaña en favor de una democracia completa.

Manifestantes por Suu KyiDespués de unas elecciones tramposas, sickness
la heroína de la oposición de Birmania, Aung San Suu Kyi(Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre. En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos. El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

El régimen (Tatmadaw) es la suma de una camarilla militar – oficiales megalómanos y aficionados a las adivinaciones astrológicas – burócratas, que se han apropiado del poder político y económico del país. Alrededor del 40 % del PIB es patrimonio de altos cargos del ejército. Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007. Tampoco fueron incapaces de auxiliar a la población durante el ciclón Nargis en 2008. Ahora, no se han convertido de repente en demócratas. Más bien, la intención de la Junta es mejorar su penosa imagen internacional y aliviar la presión exterior. Asimismo, pretenden que vecinos como China, India, Tailandia y los países del Sudeste Asiático puedan continuar sin trabas, ni reproches la alianza que mantienen con los militares para hacer estupendos negocios en un país con grandes riquezas naturales. Dos razones más para este cambio teledirigido: comienzan a aparecer fisuras en la jerarquía del régimen y es preciso mantener la unidad cuando se intensifica el conflicto con las minorías étnicas del norte y el este del país (Kachin, Shan, Karen y Wa) en combate abierto con las tropas gubernamentales. Precisamente, la denominación que los generales dieron a Birmania desde 1989 fue Unión de Myanmar, con la finalidad de centralizar el Estado frente a las diversas etnias.

Esos dirigentes aplicaron la fuerza de las armas y las detenciones arbitrarias para frenar las protestas estudiantiles de 1988, de la oposición en 1990 y de los monjes budistas (rebelión azafrán) en 2007

En definitiva, es más conveniente proceder a una transición hacia una “democracia disciplinada y vigilada” que perder todo el control. El proceso electoral ha sido manipulado ampliamente para que ganaran los partidos gubernamentales, especialmente el Partido para la Solidaridad y Desarrollo de la Unión del primer ministro Thein Sein. Los obstáculos legales han sido muy difíciles de franquear: imposibilidad de que los detenidos políticos (desde Suu Kyi a los 2.100 encarcelados) fueran en las listas; el precio de 400 euros que debía pagar cada candidato o las molestias policiales a partidos opositores como Paz y Diversidad y el Partido Democrático de las Nacionalidades, la formación étnica más destacada. No obstante, las limitaciones principales proceden del mismo sistema: la Junta se reserva el 25 % de los escaños en el Parlamento y en las Asambleas provinciales y el presidente no es designado directamente sino por la decisión de tres vicepresidentes, de los cuales uno es nombrado por los militares.

Por estas razones, la Liga Nacional para la Democracia, de Ang San Suu Kyi, ha preferido no presentarse a las elecciones y pedir el boicot. Han reivindicado la abolición de la Constitución de 2008, la libertad para todos los presos políticos y un diálogo auténtico con todos los partidos. Sin embargo, las dudas y divisiones en las formaciones de la oposición se han manifestado con claridad. No pocos grupos han pensado que era más conveniente participar en los comicios para no dejar todo el campo libre a la Junta y hacer visible una alternativa interna. Los opositores más jóvenes, encuadrados en Generacion Wave, han optado por un rechazo total. No podían reclamar menos, ya que precisamente la Liga Nacional obtuvo 392 de 485 escaños en las últimas elecciones libres el año 1990. La consecuencia inmediata no se ha hecho esperar. La Junta ha disuelto oficialmente el partido, porque la condición imprescindible para ser legal era acudir a los comicios. La fragmentación de la oposición fortalece a los militares, que obtienen la iniciativa política mediante concesiones como la liberación de la señora Kyi. Las primeras declaraciones de la líder birmana revelan decisión y prudencia: diálogo y reconciliación nacional. Quizá a la espera de configurar una coalición federada de los grupos de la oposición, incluidas las formaciones étnicas, para promover una campaña en favor de una democracia completa.

Manifestantes por Suu KyiDespués de unas elecciones tramposas, sovaldi la heroína de la oposición de Birmania, pilule Aung San Suu Kyi(Premio Nobel de la Paz en 1992) ha sido liberada el 13 de noviembre. En 20 años ha pasado 14 en arresto domiciliario. En el poder desde 1962, nurse
la Junta Militar ha considerado que el apoyo de más del 80 % de los votantes en las elecciones de principios de noviembre les da margen suficiente para permitir que “la Dama de Rangún” pueda tener libertad de expresión y movimientos. El grupo de generales encabezado por Than Swe y las formaciones políticas civiles creadas y financiadas por ellos han iniciado un proceso de reformas en siete fases. Un paso han sido los comicios y otro la liberación de la señora Suu Kyi.

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