Jornadas

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Os presentarmos las Jornadas de ¡Alerta Defensoras! 

“..Porque defender a quién defiende es una cuestión de justicia social y responsabilidad colectiva..” 

Organizadas por Mugarik Gabe Nafarroa, en las que colaboramos OSCI e IPES.

Apuntaros estas fechas: 12 de Abril en IPES, 19 de Abrl en Gaztetxe Maravillas y 26 de Abril en Zabaldi.

¡¡¡ Os esperamos!

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  • Cine
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Cine y DDHH 2015-16

Tras once años de andadura, try desde el consorcio organizador de la Muestra de Cine y DDHH nos hemos propuesto exportar la XI Muestra de Cine, check
El Mundo y los Derechos Humanos, que tuvo lugar en Noviembre de 2015, a la Casa de la Juventud y al Palacio del Condestable, en los meses de Abril y Mayo.

Mostrando parte de las películas de la Muestra, con el objetivo de generar sensibilización y debate sobre cuestiones que afectan a la vida de muchos seres humanos en el resto del mundo, en materia de DDHH.

Quizá no tuvisteis la oportunidad de acudir a la Muestra, ahora tenéis una nueva oportunidad, para disfrutar de éstas sesiones gratuitas y compartir reflexiones sobre temáticas de DDHH de las películas.

Por ello, os ofrecemos las proyecciones con debate dirigidas por Luis Arellano, de No Solo Films. Arellano es foto?grafo, profesor y documentalista navarro involucrado en proyectos de cooperacio?n al desarrollo y activismo por los derechos humanos. Compagina sus labores docentes en audiovisual y derechos humanos con trabajos audiovisuales de denuncia contra las vulneraciones de derechos fundamentales y la justicia social por todo el mundo.

CHICAS NUEVAS 24 HORAS

Martes 5 de Abril
De 19:00h a 21:00h
Civivox Condestable
(Calle Mayor 2, Pamplona)
Se contará con la presencia de la directora, Mabel Lozano
Entrada gratuita

Miércoles 6 de Abril
De 19:30h a 21:30h
Casa de la Juventud
(Calle Sangüesa 30, Pamplona)
Entrada gratuita

» Crónica de la proyección y debate de noviembre 2015

CAMINO A LA ESCUELA

Martes 12 de Abril
De 19:00h a 21:00h
Civivox Condestable
(Calle Mayor 2, Pamplona)
Entrada gratuita

Miércoles 13 de Abril
De 19:30h a 21:30h
Casa de la Juventud
(Calle Sangüesa 30, Pamplona)
Entrada gratuita

» Crónica de la proyección y debate de noviembre 2015

TECHO Y COMIDA

Martes 19 de Abril
De 19:00h a 21:00h
Civivox Condestable
(Calle Mayor 2, Pamplona)
Entrada gratuita

Miércoles 20 de Abril
De 19:30h a 21:30h
Casa de la Juventud
(Calle Sangüesa 30, Pamplona)
Entrada gratuita

» Crónica de la proyección y debate de noviembre 2015


SESIÓN NOSOLOFILMS

Martes 10 de Mayo
De 19:00h a 21:00h
Civivox Condestable
(Calle Mayor 2, Pamplona)
Entrada gratuita

Miércoles 4 de Mayo
De 19:30h a 21:30h
Casa de la Juventud
(Calle Sangüesa 30, Pamplona)
Entrada gratuita

» Crónica de la proyección y debate de noviembre 2015

  • Exposición
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Autor. Mikel Berraondo López.
Miembro de IPES ELKARTEA y Rights Advice

Fecha: 22 de Noviembre de 2014

….El fantasma de Caguán planea de nuevo sobre Colombia y los más reacios al proceso de paz que vive el país desde hace dos años se frotan las manos aliviados. Los más optimistas insisten en que no se va a repetir la historia y que en esta ocasión el proceso de paz va a terminar con más de 50 años de conflicto armado con la narco-guerrilla más vieja del lugar, medications
 las FRAC. E incluso también con el ELN, quien esta(ba) por sumarse a las negociaciones de La Habana gracias al trabajo de una comisión de actores que llevan tiempo acercando a al segunda guerrilla del País a la mesa de negociación….

Aquí tenéis acceso al artículo completo El proceso de paz Colombiano

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Del 10 al 18 de Diciembre, neuropathologist
Iruña. 2014.

MIRADAS DESDE EL OTRO LADO DE LA VALLA

X semana de DDHH y migraciones 2014

Desde IPES ELKARTEA participamos en la X Semana de DDHH y Migraciones, artificial
con la Exposición de fotografía de Maite Hernández Mateo, discount
sobre la Realidad Mapuche y la vulneración de sus derechos. Podréis visitarla en el Aulario de la UPNA, desde el 11 al 18 de Diciembre.

Aquí podéis ver el vídeo que Maite Hernández Mateo, hizo para la Exposición en su estreno.

Organizan: Médicos del Mundo Navarra, Amnistía Internacional Navarra, Plataforma Papeles y Derechos Denontzat, SOS Racismos e IPES Elkartea

Colaboran: La flor de Africa y Haldy Folty

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, stuff
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, doctor
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, obesity
con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).
3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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Charla en Biblioteca Osvaldo Bayer, 6 diciembre 2013

En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, order
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, viagra
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, sick
con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).
3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, Gastritis
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, ailment
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, and con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).
3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, rx Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, cheap
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, this
con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).

3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, site
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, thumb
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).

3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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Charla Biblioteca Osvaldo Vayer, 6 diciembre 2013

En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

foto_mapuce_7

Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, gerontologist
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).

3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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Charla Biblioteca Osvaldo Vayer, 6 diciembre 2013

En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, online
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, discount RX
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).

3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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Charla Biblioteca Osvaldo Vayer, 6 diciembre 2013

En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 

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El pasado mes de diciembre dos personas del Area Internacional de IPES Elkartea acompañaron a la comunidad Paichil Antreao de Villa la Angostura (Neuquén, sick
Argentina) en el marco del proyecto de cooperación “Fortaleciendo modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos en las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén” impulsado por IPES Elkartea y financiado actualmente por Ayuntamiento de Pamplona. En esta visita IPES Elkartea ha acompañado técnica y jurídicamente el  proceso de implementación de derechos que la comunidad mapuce Lof Paichil Antreao viene desarrollando, cure
al amparo de las medidas cuatelares planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno Argentino a petición del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas (ODHPI) del Neuquén.

Después de las agresiones sufridas por esta comunidad en noviembre de 2009, rubella
con un violento desalojo y la destrucción de sus viviendas y evidentes acciones de violencia por parte el Gobierno provincial, el Poder Judicial, la policía y guardas privados, así como repetidas muestras de racismo y discriminación por parte de las instituciones, la CIDH instó en abril de 2011 al gobierno Nacional Argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe (lugar sagrado) para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Desde entonces y durante este tiempo han continuado las amenazas y acciones violentas con el fin de continuar con el proceso de desalojo del resto de la comunidad, así como para frenar el proceso de defensa territorial iniciado por la misma.

Durante el mes de diciembre la comunidad Lof Paichil Antreao ha iniciado un proceso para la generación de condiciones favorables encaminadas a una solución amistosa, en el marco del proceso abierto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Argentino. En este sentido IPES Elkartea, en colaboración con el ODHPI, ha participado en diferentes acciones desarrollada en el territorio mapuce acompañando a la comunidad Lof Paichil Antreao como han sido:

1) Actividades de fortalecimiento de la comunidad y preparación para la solución amistosa.

foto_mapuce_4Se han desarrollado tres talleres con participación directa de los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antreao, en los que ha sido abordadas cuestiones relativas a sus derechos como comunidad, procedimientos de solución amistosa y sus requisitos y estrategias de defensa de derechos.
Igualmente se mantuvieron 4 reuniones con la directiva de la comunidad en las que se trabajo sobre el fortalecimiento del papel de los dirigentes, se debatió sobre la estrategia para avanzar en el proceso de solución amistosa y se conformó una comisión interna de trabajo.
Al mismo tiempo se participó en dos asambleas de la comunidad y en una reunión de las comunidades de la región para discutir y resolver dudas sobre el proceso ante la CIDH y la solución amistosa.

2) Actividades con instituciones y partidos políticos

También se realizaron diversas actividades con las instituciones locales para denunciar la discriminación permanente, la violación de sus Derechos Humanos manifiesta a través de los hostigamientos permanentes, la violencia, la impunidad, la presión sobre sus territorios y la criminalización y ,finalmente, se abordaron las condiciones de vida tan duras que tienen que soportar la comunidad.

Para esto los representantes de la comunidad acompañados por miembros de IPES Elkartea y del ODHPI  se reunieron con los concejales del partido Justicialista, con una representación del Ayuntamiento y con el Defensor del menor de la provincia de Neuquén, a quien se hizo entrega de un informe firmado por la mayoría de médicos del municipio que denunciaba las condiciones de vida de los menores y la violación de sus derechos básicos (salud, condiciones de vida dignas).

3) Actividades públicas para generar espacios de diálogo

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Charla Biblioteca Osvaldo Vayer, 6 diciembre 2013

En tercer lugar y dado el clima de racismo existente en el municipio se realizaron diversas actividades públicas con un doble objetivo de buscar espacios de diálogo y de informar sobre los avances del proceso internacional.
Se realizó una charla en la Biblioteca Osvaldo Vayer, otra charla en el Consejo de Deliberantes (Ayuntamiento) y se participó en diversos programas de radio regionales y del canal de televisión mapuche.
Cabe destacar las tensiones generadas por un grupo de personas con intereses económicos en las tierras de la comunidad, que participaron en estas charlas públicas cuestionando todos los argumentos en defensa de los Derechos Humanos. En este sentido, las manifestaciones realizadas por este grupo evidenciaron su rechazo hacia todos los miembros de la comunidad a quienes calificaron de  “unos mentirosos”. Además, mostraron su oposición hacia el asesor internacional de IPES Elkartea (Mikel Berraondo) de quien dijeron que no tenía derecho a hablar y que debería abandonar el municipio; e incluso llegaron a amenazar a todas las personas presentes, avisando de que si  la comunidad Paichil Antreao y el ODHPI continúan con el proceso internacional, ellos mismos acudirían al Cerro Belvedere (donde vive la comunidad) a “reventarlo todo “.

4) Actividades del ODHPI: fortalecimiento estructural y organizativo.

Miembros de IPES Elkartea  mantuvieron varias reuniones con el equipo del ODHPI, representado por Verónica Huilipan (secretaria ODHPI) y Ema Cabezas (Abogada ODHPI). En las reuniones se analizó la situación interna del ODHPI, el proceso de Paichil Antreao, se planificaron  los siguientes pasos y la organización del equipo jurídico que dará continuidad al  proceso de solución amistosa.
Además tuvimos también una reunión de carácter institucional ODHPI e IPES Elkartea para analizar nuestras relaciones, el futuro de nuestra colaboración y la búsqueda de financiación.
Acompañamos a la abogada del ODHPI Ema Cabezas en diversos trámites que tuvo que realizar en el municipio, en relación a una de las causas de criminalización de la comunidad.
El acompañamiento de IPES Elkartea al ODHPI en los últimos años ha contado con espacios específicos para el fortalecimiento estructural de esta entidad. En este sentido y durante el mes de diciembre pasado se realizaron diversas reuniones para preparar una propuesta de trabajo a la Unión Europea y generar condiciones en el ODHPI para poder manejar financiación, ahora en proceso de solicitud a esta institución.

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Recibimiento comunidad Kinxikew a ODHPI e IPES Elkartea

Este trabajo de acompañamiento y seguimiento del proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y ODHPI ha sido desarrollado en Villa La Angostura durante tres semanas de intenso trabajo. En él destacan los avances desarrollados en el proceso internacional iniciado por la comunidad Paichil Antreao y en el que IPES Elkartea continúa involucrado, a pesar de los importantes recortes para su financiación. En este tiempo el equipo del Area Internacional de IPES Elkartea ha podido constatar la discriminación, el racismo, la violencia y la impunidad que existe en el municipio hacia el pueblo mapuche. Asimismo ha permitido la planificación de actuaciones futuras que permiten la continuidad en el proceso de ejercicio de derechos iniciado por el pueblo mapuce en la provincia de Neuquén (Argentina).

 

 

 

 

 
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IPES Elkartea, illness en colaboración con el “Consorcio Colombia: El derecho a vivir en Paz”, te invitan a la charla debate sobre los Derechos de las mujeres y proceso de paz en Colombia, que contará con la participación de Jakeline Romero Epaiyu y Evelin Acosta. Ambas son líderes indígenas representantes de la Fuerza de Mujeres Wayuu y protagonistas en el proceso de defensa de derechos de las mujeres wayuu en La Guajira Colombiana.

FECHA:  06 MAYO 2014, a las 19.30hs.

LUGAR: Salon de Actos ONCE C/ Aralar 3, Pamplona

El pueblo wayuu habita en La Guajira entre Colombia y Venezuela. Es uno de los pueblos indígenas de Colombia, que presentan una situación de crisis humanitaria motivada por la constante violación de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, provocada principalmente por dos factores. Por un lado  el conflicto armado que vive el país, donde los diversos actores armados tienen un control y dominio casi absoluto sobre las actividades económicas de la región (legales e ilegales) relegando a los diferentes pueblos indígenas a las actividades menos productivas. Por otro, la implantación de megaproyectos y transnacionales en la zona que provoca la militarización del territorio ancestral y el deterioro medioambiental, social y cultural de los pueblos originarios que allí habitan. Esta situación de difícil y precaria permanencia en el territorio desemboca en el desplazamiento forzoso y la migración transfronteriza hacia el vecino país Venezuela, así como el encajonamiento y confinamiento de comunidades indígenas; hecho minimizado desde las instituciones. Persiste el rearme en la zona pese a la supuesta desmovilización promovida por el gobierno durante los años 2004 y 2005, que obstaculiza el trabajo de las organizaciones sociales en la exigencia del respeto a los Derechos Humanos y a su territorio, siendo las líderes indígenas principales víctimas de constantes amenazas como consecuencia de su activismos en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Las consecuencias de este contexto muestran una situación dramática que afecta al conjunto del pueblo wayuu en especial, a las mujeres que sufren una doble violencia que por su condición de mujeres e indígenas así como en el caso de niños y niñas indígenas que presentan una preocupante tasa de desnutrición y muerte infantil denunciada públicamente.

Fuerza de Mujeres Wayuu – Sutsuin Jiyeyu Wayuú (SJW-FMW) es una organización de mujeres delegadas de diferentes asociaciones de autoridades tradicionales, cabildos y comunidades, que desde 2005 viene articulando procesos con organizaciones de Pueblos Indígenas, para la protección de Derechos Humanos de los pueblos indígenas y Derechos de las mujeres, a nivel nacional e internacional. Como resultado de estas experiencias han sido denunciadas violaciones de Derechos Humanos (asesinatos, desapariciones, amenazas) pero la impunidad persiste, se ha iniciado proceso para la implementación del convenio 169 de OIT y de la Resolución 1325 de NNUU, se han llevado a cabo medidas cautelares (2005) por parte de Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que ponen de manifiesto los evidentes riesgos de hombres y mujeres wayuu en la protección de derechos humanos. En 2012 las representantes de FMW han participado en sesiones del Foro Permanente para cuestiones indígenas de ONU. En agosto de 2013 Fuerza de Mujeres Wayuu, junto con otras organizaciones de mujeres , ha presentado un informe sombra sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, en  Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres CEDAW.

Para saber mas:

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LA CRISIS POLÍTICA Y LAS CLAVES DE LA DESAFECCIÓN CIUDADANA ACTUAL

¿Qué está pasando?¿Es nuestra democracia de peor calidad que las europeas? ¿Qué significó realmente la Transición? ¿Por qué la juventud ya no se siente representada? ¿El 15M puede generar alguna alternativa factible a lo que hay? ¿Somos un país más corrupto que la media? ¿Es la Justicia independiente? ¿Sigue habiendo derechas e izquierdas? ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué es el federalismo?¿Se ha de reformar la Constitución?

Las noticias con las que nos bombardean los telediarios y la prensa parecen aturdirnos, link y necesitamos un marco teórico – conceptos, términos, un conocimiento algo más profundo – en el que encajar todos los datos que se nos arrojan y todos los interrogantes que se nos suscitan. Eso es lo que persigue el curso “LA CRISIS DELA POLÍTICA”: ofrecer desde una perspectiva clara y crítica las claves fundamentales para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que probablemente ocurrirá en el futuro y qué es lo que podemos hacer al respecto.

Programa

1. ¿Estamos correctamente representados? El sistema electoral español. Voto desigual, injusticias representativas, listas cerradas… ¿Por qué no se cambia?

2. ¿Qué instituciones tenemos? Separación de poderes, Autonomías, Monarquía… ¿Quién manda realmente?

3. ¿Justicia independiente y eficaz? La elección de los jueces. El papel de la fiscalía. El caso de la Infanta… ¿somos iguales ante la ley?

4. Corrupción. ¿Institucional o cultural? ¿Somos un país especialmente corrupto? Soluciones institucionales.

5. Partidos políticos y financiación. Sueldos de de la clase política. ¿Hay demasiados representantes políticos en el estado español? Dicen que cobran poco, ¿es cierto?

6. Los Lobbies. Grupos de presión que acaban sustituyendo al legislador. ¿Cuántos son? ¿Qué poder tienen? ¿A quién representan?

7. Teoría de la Democracia. Democracia representativa, deliberativa y participativa. ¿Existen países con modelos democráticos diferentes al nuestro?

8. La Transición y el 15M. ¿Es la Transición el origen de todo esto? ¿Qué supuso realmente? ¿Qué alternativas existen, se puede hacer algo?

9. Estado, Nación, Independentismo, Federalismo, Autonomismo… ¿Qué son? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Es España una nación? ¿Sirve para algo el Senado?

10. La política espectáculo en la era de la Post-soberanía y la globalización. ¿Tienen sentido hoy las categorías políticas del siglo XIX? ¿Significa algo la política, más allá de la lucha por el poder?

Método

Clases participativas, con entrega y lectura de artículos y textos, power-points, vídeos, etc.  Exposición clara y rigurosa y debate abierto. Se persigue la participación del alumnado y la puesta en común de sus interrogantes y opiniones.

Impartido por

Jorge Urdánoz Ganuza. Profesor de Filosofía del Derecho en la UPNA y del Master de Derechos Humanos de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido asesor de la Vicepresidencia del Gobierno y Parlamentario autonómico navarro (puesto del que dimitió a los cuatro meses). Colaborador habitual de EL PAÍS, EL CORREO, EL DIARIO.ES y de los dos diarios principales de Navarra. Acaba de publicar “Veinte destellos de Ilustración electoral (y una página web desesperada)”, un ensayo sobre el desastroso modelo representativo que padecemos en España.

Información del curso:

Duración: 10 sesiones. 20 horas. Del 26 de Febrero al 14 de Mayo

Horario: Miércoles de 18.30 a 20.30 h.

Lugar: Sede IPES ELKARTEA ( C/ Tejería 28, bajo. Pamplona)

Precio: 80 € personas con trabajo regular y 60 € personas desempleadas, estudiantes y pensionistas.

Inscríbete en:

IPES Elkartea
C/ Tejería 28 bajo 31001 Pamplona
Inscríbete en el teléfono 948213279 (mañanas) / 948225991 (tardes), o por email a la siguiente dirección ipes@ipesnavarra.org

Celebrado el tercer módulo de formación de la Escuela de mujeres indígenas en derechos de las mujeres, website like this
derechos de los pueblos indígenas y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos
, ask actividad enmarcada en el proyecto de cooperación compartido entre IPES Elkartea y Fuerza de Mujeres Wayuu en la Guajira (Colombia) y financiado por Unión Europea.

Wayuu-asistentes

Nuevamente he tenido el placer de compartir experiencias y trabajo con las mujeres de la Fuerza de Mujeres Wayuu, gracias al trabajo que desde IPES ELKARTEA realizan con ellas en el marco de un proyecto financiado por la UE.  En esta ocasión con motivo del 3 módulo de la escuela ¨Mujeres indígenas y otras formas de sabiduría¨. Un espacio cargado de fuerza con un grupo de mujeres llegadas de diferentes partes del caribe Colombiano llenas de experiencias e historias impresionantes.  Y como siempre la experiencia resulta tremendamente enriquecedora al poder aportar un granito de arena en un proceso de autoorganización y fortalecimiento de mujeres indígenas colombianas súper interesante.

Las mujeres indígenas de ese País llamado Colombia atesoran una larga lista de violaciones de sus derechos difícilmente igualables. Al machismo tradicional de unas sociedades muy cerradas se suman la violencia de género, y un sinfín de barbaridades que han sufrido en primera persona como consecuencia del conflicto armado colombiano. Este conflicto sigue siendo especialmente duro contra los pueblos indígenas y muy especialmente contra las mujeres indígenas que siempre se llevan la peor parte. A pesar de las negociaciones de paz que se están celebrando en Cuba, durante los últimos meses los asesinatos de dirigentes indígenas por actores del conflicto no han parado. No interesa hablar mucho de ello, pero la realidad y las estadísticas están ahí. Y las agresiones contra mujeres indígenas tampoco han cesado. Los datos siguen estando ahí, aunque siga sin interesar que estos datos se conozcan.

A pesar de tanta violencia, impunidad y discriminación, incluso de sus propias comunidades y pueblos,  estas mujeres de la escuela no renuncian a su determinación de vivir con dignidad y de dejar a sus hijos e hijas una sociedad menos agresiva contra las mujeres. Su alegría y capacidad para superar adversidades durísimas llama la atención de alguien que viene de Europa y que está acostumbrado a ver estas cosas en las películas más que en la vida real.

Las mujeres indígenas están reclamando su espacio en el panorama político nacional y exigen ser parte de los procesos de negociación. Organizaciones como la fuerza de mujeres wayuu son un ejemplo impresionante de la determinación y capacidad que tienen las mujeres para superarse en las peores condiciones.  Lo están haciendo en condiciones muy duras, asumiendo precios altos en lo personal y en lo profesional. Pero convencidas de que alguien debe llamar a las cosas por su nombre y exigir que se produzcan los cambios necesarios para que el bendito desarrollo llegue por fin a esta parte del mundo. Alguien debe denunciar que en los últimos meses alrededor de 19 niños han muerto en la Guajira por hambre, que la frontera venezolana se encuentra totalmente militarizada y las mujeres Wayuu se llevan la peor parte (detenciones arbitrarias por llevar comida, abusos sexuales como condición para pasar la frontera, violencia…)., que las empresas extractivas de minería e hidrocarburos que operan en la región campan a su antojo sin la menor preocupación por los daños que han causado, y que la pobreza, como siempre, afecta a los de siempre: a las comunidades indígenas, en este caso del pueblo Wayuu, y muy especialmente a las mujeres wayuu.

Mientras todo esto pasa Colombia se prepara para una nueva cita electoral el próximo mes de marzo, a la vez que vive entusiasmada sus negociaciones de Paz con una guerrilla desgastada y desprestigiada con grandes incógnitas por resolver al tiempo que avanzan las negociaciones. La desarticulación de los grupos paramilitares no ha terminado de funcionar. Los que se desmovilizaron y cumplieron penas de cárcel ya están en la calle con el único oficio conocido de la violencia y la extorsión que implantan como ley callejera allá donde se juntan más de dos de estos angelitos. Y los que no se desmovilizaron siguen parapetados en regiones estratégicas controlando suculentos negocios ilícitos y utilizando a la población civil como escudos de sus actividades. La violencia del narcotráfico se mantiene con una intensidad alarmante más allá de los ¨ planes Colombia¨ y de las actividades de la inteligencia militar de unos y de otros (aquellos que son juez y parte del mundo). La violencia contra dirigentes sindicales, campesinos e indígenas recupera el triste esplendor de tiempos pasados, cebándose como antaño con el pueblo Nasa y la determinación de sus dirigentes, decididos a no permitir que los excombatientes guerrilleros transformados en agricultores invadan sus territorios y les expulsen con el único argumento de la violencia. Y, por supuesto, la violencia política, vuelve a escena cuando la Unión Patriota (la famosa UP) ha regresado del exilio al que fue condenado después del asesinato de más de 300 de sus dirigentes políticos a mediados de los 90 cuando las FARC ya intentaron dejar las armas y entrar en la vida política. Vuelve a escena, una vez más, contra los candidatos electorales de la UP a cuyas cabezas ya se ha puesto precio y cuyas oficinas centrales ya han sido allanadas por personas vestidas de policías. Nuevamente las elecciones de este año no se libran de la violencia y  de los señalamientos hacia los que amenazan con intentar desestabilizar los poderes ocultos de los negocios ilícitos.

En medio de semejante ¨quilombo¨ los pueblos indígenas y sus mujeres sigue exigiendo respeto y cumplimiento del derecho. El espacio de fortalecimiento de mujeres indígenas de la escuela de mujeres y otras formas de sabiduría o la red seimakan de mujeres indígenas  y afrodescendientes del caribe colombiano son ejemplos positivos de lo que la determinación de un grupo de mujeres puede lograr. El informe sombra presentado ante la CEDAW por diversas organizaciones de mujeres indígenas del País en octubre de 2013 ofrece una hoja de ruta importante para mejorar los derecho de las mujeres indígenas. El nuevo partido político MAIS, surgido desde el movimiento indígena y con el apoyo unánime de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) representan una esperanza interesante a tantas y tantas organizaciones y comunidades invisibilizadas, excluidas del desarrollo nacional y secuestradas por la diversidad de actores armados. Y las mujeres indígenas ahí siguen tejiendo espacios para conseguir una vida mejor, llevando sus hijos a cuestas de un lado al otro del País para participar en reuniones y generar alianzas, soportando las críticas internas y externas por ¨descuidar¨ su labores como mujeres y demostrando una vez más que sin ellas el movimiento indígena difícilmente podrá avanzar. Si se consiguen los cambios que este País necesita, será en gran medida gracias al sacrificio de tantas y tantas mujeres.

Mikel Berraondo. Area Internacional IPES Elkartea.

 

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LA CRISIS POLÍTICA Y LAS CLAVES DE LA DESAFECCIÓN CIUDADANA ACTUAL

¿Qué está pasando?¿Es nuestra democracia de peor calidad que las europeas? ¿Qué significó realmente la Transición? ¿Por qué los jóvenes ya no se sienten representados? ¿El 15M puede generar alguna alternativa factible a lo que hay? ¿Somos un país más corrupto que la media? ¿Es la Justicia independiente? ¿Sigue habiendo derechas e izquierdas? ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Qué es el federalismo?¿Se ha de reformar la Constitución?

Las noticias con las que nos bombardean los telediarios y la prensa parecen aturdirnos, y necesitamos un marco teórico – conceptos, términos, un conocimiento algo más profundo – en el que encajar todos los datos que se nos arrojan y todos los interrogantes que se nos suscitan. Eso es lo que persigue el curso “LA CRISIS DELA POLÍTICA”: ofrecer desde una perspectiva clara y crítica las claves fundamentales para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que probablemente ocurrirá en el futuro y qué es lo que podemos hacer al respecto.

Programa

1. ¿Estamos correctamente representados? El sistema electoral español. Voto desigual, injusticias representativas, listas cerradas… ¿Por qué no se cambia?

2. ¿Qué instituciones tenemos? Separación de poderes, Autonomías, Monarquía… ¿Quién manda realmente?

3. ¿Justicia independiente y eficaz? La elección de los jueces. El papel de la fiscalía. El caso de la Infanta… ¿somos iguales ante la ley?

4. Corrupción. ¿Institucional o cultural? ¿Somos un país especialmente corrupto? Soluciones institucionales.

5. Partidos políticos y financiación. Sueldos de los políticos. ¿Hay demasiados políticos en España? Ellos dicen que cobran poco, ¿es cierto?

6. Los Lobbies. Grupos de presión que acaban sustituyendo al legislador. ¿Cuántos son? ¿Qué poder tienen? ¿A quién representan?

7. Teoría de la Democracia. Democracia representativa, deliberativa y participativa. ¿Existen países con modelos democráticos diferentes al nuestro?

8. La Transición y el 15M. ¿Es la Transición el origen de todo esto? ¿Qué supuso realmente? ¿Qué alternativas existen, se puede hacer algo?

9. Estado, Nación, Independentismo, Federalismo, Autonomismo… ¿Qué son? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Es España una nación? ¿Sirve para algo el Senado?

10. La política espectáculo en la era de la Post-soberanía y la globalización. ¿Tienen sentido hoy las categorías políticas del siglo XIX? ¿Significa algo la política, más allá de la lucha por el poder?

Método

Clases participativas, con entrega y lectura de artículos y textos, power-points, vídeos, etc.  Exposición clara y rigurosa y debate abierto. Se persigue la participación de los asistentes y la puesta en común de sus interrogantes y opiniones.

Impartido por

Jorge Urdánoz Ganuza. Profesor de Filosofía del Derecho en la UPNA y del Master de Derechos Humanos de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido asesor de la Vicepresidencia del Gobierno y Parlamentario autonómico navarro (puesto del que dimitió a los cuatro meses). Colaborador habitual de EL PAÍS, EL CORREO, EL DIARIO.ES y de los dos diarios principales de Navarra. Acaba de publicar “Veinte destellos de Ilustración electoral (y una página web desesperada)”, un ensayo sobre el desastroso modelo representativo que padecemos en España.

Información del curso:

Duración: 10 sesiones. 20 horas. Del 26 de Febrero al 14 de Mayo

Horario: Miércoles de 18.30 a 20.30 h.

Lugar: Sede IPES ELKARTEA ( C/ Tejería 28, bajo. Pamplona)

Precio: 80 € personas con trabajo regular y 60 € personas desempleadas, estudiantes y pensionistas.

Matrículas en:

IPES Elkartea
C/ Tejería 28 bajo 31001 Pamplona
Inscríbete en el teléfono 948213279 (mañanas) / 948225991 (tardes), o por email a la siguiente dirección ipes@ipesnavarra.org

En el marco del proyecto “Fortaleciendo los DDHH a través de iniciativas locales de mujeres indígenas Wayuu de Colombia”, capsule
pharmacy las organizaciones IPES Elkartea y Fuerza de Mujeres Wayuu participaron en el I Foro Regional sobre empresas y Derechos Humanos celebrado en Medellin el pasado mes de agosto.

A continuación, vitamin
un artículo elaborado por Mikel Berraondo, site
miembro del Area Internacional de IPES que participó, junto con Fuerza de Mujeres Wayuu, en este evento. Muestra las reflexiones surgidas desde esta experiencia en torno a las relaciones entre sector privado, Estado y sociedad civil, en el ámbito de los Derechos Humanos.

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Entre los días 28 a 30 de agosto se celebró en la ciudad de Medellín, en Colombia, el I Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco del trabajo que viene realizando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos desde su creación /establecimiento en junio de 2011. Dicho evento constituyó una oportunidad única para medir la situación regional de una temática compleja y controvertida con demasiadas aristas espinosas de difícil remediación que, cuando menos, dificultan sensiblemente cualquier atisbo de acercamiento entre dos mundos antagónicos hasta la fecha.

 El Foro contó con una nutrida participación de representantes del sistema de Naciones Unidas, tanto del propio Grupo de Trabajo, como del PNUD (coorganizador del evento), y de otros programas y agencias. Igualmente se dieron cita un numeroso grupo de representantes del sector privado, tanto de empresas como de asociaciones y redes de empresas que trabajan por implementar los Principios Rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas en su ámbito de actuación. Por último,  también se contó en el evento con la presencia de un grupo, más reducido, de representantes de la sociedad civil llegados de Países de toda la región.

Durante tres intensos días se sucedieron interesantes paneles en los que se  debatió la complejidad de la relación entre empresas y derechos humanos en el contexto general y regional, los diversos y desiguales  avances de sectores privados para aplicar los Principios Rectores de la ONU, las experiencias de diversas entidades de la sociedad civil en su trabajo por acercar los derechos humanos al mundo del sector privado, y sobre algunas (pocas) experiencias de sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos en sus relaciones con empresas. En definitiva, hubo mucha información, se plantearon muchos interrogantes y surgieron (o afianzaron) multitud de reflexiones sobre esta temática espinosa.

 A partir de las diversas ponencias y debates que se dieron durante la sesión se pueden plantear algunas cuestiones de interés con la confianza de que puedan contribuir a la reflexión en torno a este proceso de construcción de espacios de diálogo y encuentro.

 El sector privado se ha convertido irremediablemente en un actor social de enorme influencia debido a su peso económico y político en los países. Por este motivo el diálogo, en el marco del cumplimiento de los derechos humanos, resulta absolutamente necesario. Un diálogo sincero que trate de construir desde un enfoque basado en derechos y que permita construir espacios de confianza.

 En este contexto se aprecian esfuerzos importantes dentro del sector privado por integrar en sus patrones de actuación los cambios necesarios para actuar de manera coherente con el marco internacional de protección de los derechos humanos. El tiempo dirá si estos esfuerzos son realmente sinceros y suficientes.

 No obstante, siguen existiendo importantes diferencias dentro del propio sector privado y hay fuertes resistencias al  sometimiento de su actividad a  los derechos humanos. Paradójicamente, son algunas de las grandes corporaciones las que están liderando este proceso de apertura hacia los derechos humanos y los Principios Rectores de la ONU, asumiendo un protagonismo y una implicación nunca antes conocidos. Pero una gran mayoría de empresas no se sienten atraidos por la idea de los derechos humanos o los Principios Rectores de la ONU y mantienen patrones de actuación clásicos, muy alejados de los paramentros que se proponen ahora.

Los Principios Rectores de la ONU son un instrumento importante para encauzar este dialogo y generar consensos. A pesar de las críticas que siguen generando, existe un consenso muy amplio en torno a dichos Principios entre los diversos sectores. Un consenso que no había existido nunca antes hasta la fecha y que jamás había contado con tanta unanimidad entre el sector privado.

 En cualquier caso, los Principios Rectores de la ONU no acaban de ser pautas firmes para resolver las violaciones de derechos humanos que se pueden producir. En alguna de las sesiones se señalaron algunos ejemplos de casos en los que las empresas, a pesar de actuar supuestamente de manera coherente en el marco de los Principios Rectores de la ONU (siempre según su versión), no conseguian poner fin a demandas serias de violaciones de derechos humanos producidas como consecuencia de sus acciones. Parece claro que la adecuación de las pautas de actuación a los Principios Rectores de la ONU no resulta del todo suficiente para actuar bajo el amparo de los estándares internacionales de derechos humanos.

 El protagonismo del sector privado en estos espacios de dialogo es sensiblemente mayor al del resto de actores. Su visibilidad en las mesas de trabajo y en las agendas oficiales es muy superior al de la sociedad civil o incluso a la de los Estados, llegando incluso a dar una imagen de monopolio de la palabra y las intervenciones, lo que no es nada positivo para la construcción de diálogos. Su mayor protagonismo contrasta principalmente con la ausencia muy preocupante de los Estados, que acaba convirtiendose en un testigo pasivo de las actuaciones y propuestas del sector privado. Hubieron algunas intervenciones de representantes gubernamentales, por lo general, muy complacientes con las experiencias del sector privado y muy poco criticos con las violaciones de los derechos humanos.

 Este protagonismo genera un discurso demasiado complaciente hacia las bondades y esfuerzos del sector privado por respetar los derechos humanos, que en muchos casos contrasta con la realidad de dicho sector. Durante el foro se dieron paradojas preocupantes, como el hecho de que empresas acusadas ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos fuesen puestas como ejemplos de compromiso y dedicación hacia los derechos humanos. De manera constante fuimos sometidos al discurso de la ¨buena fe¨ de las empresas con respecto a los derechos humanos, lo cual puede resultar ciertamente pretencioso si, de nuevo, analizamos someramente la denuncias por violaciones de derechos humanos que se producen en la región. Este discurso de la ¨buena fe¨ consiste en afirmar que son conscientes de la realidad, que tienen un compromiso fuerte con los derechos humanos y que hacen todo lo que esta en su alcance para garantizar el respeto de los derechos humanos por todos los actores implicados en su cadena de valor. Este discurso llega al extremo de plantear – tal cual lo realizó alguno de los panelistas del foro- que las violaciones de derechos humanos acaban siendo hechos puntuales o anecdóticos en la maraña compleja de actividades del sector privado. No cabe duda de que sería maravilloso poder afirmar con rotundidad este discurso, pero en los tiempos que corren, y con las experiencias diarias de infinidad de victimas directas de violaciones de derechos humanos cometidas por empresa, resulta un tanto naif insistir en este extremo.

 La otra cara de la moneda es la sociedad civil. Una sociedad civil constreñida a un solo tipo de organizaciones dispuestas a aceptar los discursos complacientes y a no plantear casos de violaciones de derechos humanos. Resultan muy preocupantes los esfuerzos realizados por la organización del Foro por contar con representantes de la sociedad civil ¨amiga¨ del sector privado y por controlar mucho los espacios de intervención a quienes siguen cuestionando el papel del sector privado y responsabilizándole directamente de violaciones de derechos humanos. En este sentido, la actitud del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas resulta ciertamente preocupante al mostrar una gran diferencia en el protagonismo concedido a los distintos actores en el trabajo que realiza, priorizando sobremanera sus relaciones con el sector privado.

 Está claro que aun hoy los diversos sectores no hablamos en el mismo idioma. Lo que para unos son ejemplos importantes de avances en el sector privado, para otros son violaciones graves de derechos humanos. Unos hablan de buena fe y de soluciones extra-judiciales de los conflictos (se llegó a plantear que denunciar ante un tribunal violaciones de derechos humanos cometidos por una empresa es contrario al espíritu y finalidad de los Principios Rectores), y otros hablan de las violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo aquellos que hablan de buena fe y de la necesidad de justicia y reparación para esas situaciones.

 Una cuestión especialmente preocupante, teniendo en cuenta la región donde se realizaba el Foro, fue la escasa participación de los Pueblos Indígenas en el marco de la agenda oficial del Foro. Incluso podríamos hablar de invisibilización de los pueblos indígenas. No solo en la agenda oficial sino, sobre todo, en el contexto de las ponencias que se dieron.  En muchas de estas ponencias, a pesar de girar en torno a conflictos con pueblos indígenas, lo oradores insistían en generalizar y abordar los conflictos desde posturas maximalistas en las que la condición de pueblos indígenas quedaba como una mera anécdota. Hasta el punto de que se cuestionara en diversas ponencias la certeza jurídica de los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de su reconocimiento y consolidación, tanto en ámbitos internacionales como nacionales.

 En este contexto, no es de extrañar la poca presencia que tuvo en los debates un tema tan importante en la región actualmente como es el tema de la consulta con pueblos indígenas. Apenas se hicieron algunas referencias de parte de alguna empresa que alardeó de realizar sus propios procesos de consulta con las comunidades, sustituyendo al propio Estado.

 Las mayores dificultades de entendimiento y encuentro se evidenciaron entre el sector privado y los pueblos indígenas. Y en relación con los pueblos indígenas se plantearon las graves situaciones que existen en la región: desaparición del Estado como garante de los derechos, creación de marcos regulatorios e interpretativos del derecho nacional e internacional por parte de las empresas, cuestionamiento y negación por parte de las empresas de principios internacionales del derecho internacional de los pueblos indígenas, sustitución del Estado por las empresas y procesos de garantía de derechos y persistencia de situaciones muy serias de violación de derechos humanos. Como nota más positiva, se pudieron apreciar algunos ejemplos de diálogos, negociaciones y experiencias de trabajo entre empresas y organizaciones indígenas interesantes, aunque también hay que admitir que incluso en estos casos más positivos tampoco había unanimidad y sectores de la sociedad civil los cuestionaban igualmente.

 En definitiva, y como se planteó en diversas ocasiones durante el Foro, nos encontramos en el inicio de un nuevo proceso que va a cambiar por completo los paradigmas de las relaciones entre el sector privado, los Estados y la sociedad civil alrededor de los derechos humanos. Un nuevo proceso llamado a transformar las lógicas de inversión del sector privado, las formas de relación y participación de la sociedad civil y, en definitiva, las reglas de juego que hasta ahora existían. El sector privado esta respondiendo como nunca antes lo había hecho a ninguna de las propuestas que Naciones Unidas y otras instituciones internacionales le habían planteado, y está invirtiendo para transformar sus actividades y adecuarse a los estándares mínimos que establecen los derechos humanos.  Es un proceso nuevo, lleno de incertidumbres y desconfianza, sin un punto final determinado, lo que acrecienta el escepticismo de la sociedad civil, sobre todo de quienes han sufrido o sufren violaciones de sus derechos humanos como consecuencia de las actividades del sector privado. Las experiencias previas en el intento de someter al sector privado a marcos regulatorios en el marco de los derechos humanos nunca han generado resultados positivos, lo cual eleva, aun más, los niveles de incertidumbre, desconfianza y escepticismo. Pero nunca antes habían tenido tanto protagonismo en el ambito social y por lo tanto también es un proceso necesario, en el que es importante no dejar pasar la oportunidad de participar en lograr que  los Principios Rectores de la ONU se apliquen en pleno cumplimiento con los derechos humanos.

 Autor: Mikel Berraondo. Miembro del Area Internacional, IPES Elkartea.

 

 

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IX Muestra de Cine

Un año más, more about aunque esta vez en periodo otoñal, page IPES Elkartea pondrá en marcha –junto a Amnistía Internacional, condom Fundación Rinaldi y Golem– la Muestra de Cine ’El Mundo y los Derechos Humanos’. Esta novena muestra tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre en los Cines Golem Bayona de Pamplona.

En ella proponemos la proyección de películas sensibles a las problemáticas humanas y sociales, los comentarios de especialistas en cada uno de los temas y un debate posterior. Una cita anual para las personas interesadas en el mundo actual y en la promoción de los Derechos Humanos, para las personas amantes del cine y para el público en general.

Un vistazo al mundo revela un panorama conflictivo, violento y lleno de problemas e incógnitas, en el que las violaciones de los derechos humanos están al orden del día. En contrapartida, nunca tantos seres humanos y organismos llevan a cabo tareas de defensa de esos mismos derechos.

El Cine es un magnífico instrumento de ocio y también un recurso artístico y educativo que no pocas veces muestra hechos, relaciones, pensamientos y situaciones donde el compromiso con los derechos humanos tiene un protagonismo destacado. Especialmente aquel cine escrito, dirigido, interpretado y producido por cineastas de países de África, América Latina, Orienta Próximo y Extremo Oriente -sin olvidar otros más cercanos- que propone contenidos, imágenes y sonidos procedentes de culturas diferentes, con el propósito de establecer un conocimiento mutuo y dialogo, necesarios en un mundo global.

La cartelera de la IX Muestra de Cine y Derechos Humanos se dará a conocer en próximos días y podrá consultarse en la web de la Muestra.

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La Escuela de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos “Mujeres Indígenas y otras formas de sabiduría”, discount
se lanza con apoyo de la Unión Europea a través del proyecto que IPES Elkartea y Fuerza de Mujeres Wayuu, illness
están desarrollando en La Guajira, rx
Colombia. Seguir leyendo

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Left over from the war

En el sur de este país del cuerno de África, drugs la población más débil de las provincias de Bakool y Baja Shabelle, patient en la frontera con Kenia, visit this se muere de hambre. Personas ancianas y de toda edad, hombres y mujeres, y sobre todo niños y niñas se desplazan forzosamente al campo de Dabaab (Kenia) para recibir auxilio internacional, todavía muy escaso. Las cooperantes españolas han sido secuestradas a medio camino. La vida diaria de las gentes de esta geografía ha quedado arrasada por la sequía. Pero, el desastre tiene otras causas: el gobierno de Nairobi apenas ha invertido en el desarrollo de la agricultura, ganadería, educación e infraestructuras básicas de sus comunidades más desfavorecidas. Los precios de las semillas para obtener alimentos y de otros productos básicos se encarecen cada vez más. En los años 80 Somalia garantizaba el 85% de sus necesidades de cereales. En 2010 hubo una gran cosecha en la región de Baja Shabelle, muy fértil. Ahora ha llegado la sequía en medio de la guerra civil, que desde los años 90 ha hundido en el caos a las diferentes administraciones somalíes. Las autoridades corruptas de todas las facciones cobran impuestos a las ONG que reparten alimentos. Muchas veces la dependencia excesiva de esta ayuda acarrea pasividad, en vez de estimular la producción autóctona.

En el conflicto bélico de Somalia no se enfrentan tanto los clanes, entremezclados en cada uno de los contendientes, sino las comunidades rurales – llegadas a las ciudades para sobrevivir y que acaban marginadas – con las urbanas, ligadas a los poderes burocráticos. Seguir leyendo

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Imagen de la película "Tralas luces"

La crisis económica y social se extiende y agrava, plague especialmente entre los sectores de población más vulnerables: mujeres, personas mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad…El desempleo, los desahucios, los recortes de los presupuestos públicos…crecen y con ellos la el empobrecimiento y la marginación. Pero, también, aumentan las movilizaciones y las protestas. En la semana de los Derechos Humanos son imprescindibles la reflexión, la denuncia y las alternativas.

  • El 11 de diciembre, martes, podremos ver la película ‘TRALAS LUCES‘, de Sandra Sánchez (España/Argentina/Portugal, 2011). Contaremos con Sara Giménez, abogada, responsable del Área de Igualdad. Fundación Secretariado Gitano.
  • El 12 de diciembre, miércoles, analizaremos la ecología política y el ecofeminismo como transformación social de la mano de Yayo Herrero (licenciada en antropología social y cultural. Pesidenta de FUHEM Ecosocial).

>> Consulta toda la información en la página web

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Carta abierta del Consorcio ‘Al Sur del Sáhara. África Imprescindible’*

www.AfricaEsImprescindible.org

Imagen corporativa de 'Africa imprescindible'De ninguna manera el mundo está entero sin África, food continente que representa el 18% de las tierras emergidas y donde vive una sexta parte de los seres humanos. África son sobre todo sus hombres y mujeres, apoplexy capaces de crear vida cada día y de hacer frente, con su trabajo, su alegría y su actividad organizada y solidaria a los males, internos y externos, que la ensombrecen.

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Imagen promocional de la VII Muestra de Cine

La memoria de Palestina, order el exilo y el desarraigo, los conflictos en África, la infancia colombiana, la ruptura de la convivencia en los Balcanes o la presencia activa de las mujeres en las movilizaciones árabes son algunos de los aspectos que abordará la VII Muestra de cine “El Mundo y los Derechos Humanos” que tendrá lugar del 2 al 6 de mayo en los Cines Golem Baiona de Pamplona, organizada por IPES, Amnistía Internacional y Golem. La Muestra cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la colaboración de Fundación Felipe Rinaldi, Ayuntamiento de Pamplona, Amal y Diario de Noticias.

La Muestra une la proyección en cines con la reflexión sobre los derechos humanos y la actualidad internacional desde la perspectiva de diferentes culturas

En ella se proyectarán dos estrenos de películas, que se verán por primera vez a nivel nacional, ZINDEEQ (Palestina/Reino Unido) de Michel Khleifi y STATE OF VIOLENCE (Sudáfrica/Francia) de Khalo Matabane, además de LOS COLORES DE LA MONTAÑA (Colombia) de Carlos César Arbeláez, CIRKUS COLUMBIA de Danis Tanovic Francia/Bosnia-Herzegovina y SÓLO SUEÑOS (Egipto/España) de Amal Ramsis. Una de las características diferenciales de la Muestra es que une la proyección en la sala de cine con la reflexión sobre los derechos humanos y la actualidad internacional desde la perspectiva de diferentes culturas.

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Lil' Shop por Jakob Montrasio

La Red Navarra de Estudios Chinos y la Federación de Comercios de Navarra (FCN) ofrecen sendas actividades abiertas los días 4 y 5 de abril (en IPES y Confederación de Empresarios de Navarra, order respectivamente) para conocer las claves esenciales de China, purchase la diáspora que vive en nuestras ciudades y, drugs más en concreto, los mitos y realidades del empresariado chino y el pequeño comercio. Intervendrán Joaquín Beltrán, uno de los máximos expertos en es tema, y Elisabet Azcárate, gerente de la FCN.

  • Jornadas

La Red Navarra de Estudios Chinos – un proyecto liderado por la Universidad Pública de Navarra e IPES Elkartea – propone del 21 al 25 de marzo varias actividades bajo el título “Acercándonos a China”, generic
de la mano del área de Actividades Culturales de la UPNA. Componen el programa dos películas, rx
con nuestra profesora Berta Benarte a cargo de la presentación del tema y del coloquio posterior, healing y un Curso de Cocina China, impartido por Miguel Ángel Mateos. Es un buena muestra para conocer más la cultura, vida diaria y sociedad de ese gran país que es China.

>> Para saber más

  • Imagen de la Red Navarra de Estudios Chinos

    La Red Navarra de Estudios Chinos – un proyecto liderado por la Universidad Pública de Navarra e IPES Elkartea – propone del 21 al 25 de marzo varias actividades bajo el título “Acercándonos a China”, bronchitis
    de la mano del área de Actividades Culturales de la UPNA. Componen el programa dos películas, surgeon
    con nuestra profesora Berta Benarte a cargo de la presentación del tema y del coloquio posterior, y un Curso de Cocina China, impartido por Miguel Ángel Mateos. Es un buena muestra para conocer más la cultura, vida diaria y sociedad de ese gran país que es China.

    >> Para saber más

  • Cartel de las Jornadas de ColombiaDesde las organizaciones Amnistía Internacional, order
    Brigadas Internacionales de Paz, pfizer
    IPES Elkartea, Mugarik Gabe y Aldea llevamos más de doce años trabajando en la denuncia de los abusos contra los derechos humanos en Colombia, y defendiendo y dando voz a esa sociedad civil colombiana que lucha y se organiza en pos de la justicia y la paz. Este año en nuestras duodécimas jornadas, que se celebrarán entre el 15 y 17 de marzo, en las Escuelas de San Francisco, vamos a realizar un repaso a lo acontecido en este país latino-amerícano durante estos doce últimos años.

    Seguir leyendo

    • Jornadas

    Una misión de la Fundación del Consejo General de la Abogacía de España se desplazó hace unas semanas a Panamá, more about
    a petición de IPES Elkartea. El objetivo ha sido realizar un informe independiente sobre el cumplimiento por el Estado panameño de las recomendaciones y requerimientos recibidos desde los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

    Durante cuatro días, viagra
    cuatro abogados de la Fundación visitaron las comunidades de Charco de la Pava y de Valle Rey, rx
    afectadas por la construcción de la presa Chan 75. Allí se reunieron con los dirigentes de estas comunidades y sus abogados, que les relataron la dramática situación por la que atraviesan.

    Este grupo de abogados aportará su punto de vista sobre la controvertida obra y su impacto en las comunidades Ngöbe

    En la ciudad de Panamá también se entrevistaron con representantes de la Cancillería y del Ministerio de Justicia e Interior, el Defensor del Pueblo, el Director de Asuntos Étnicos y representantes de la empresa constructora y del Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos( OACNUDH).

    El resultado de esta visita será la elaboración de un informe independiente. Este grupo de abogados aportará su punto de vista sobre la controvertida obra y su impacto en las comunidades Ngöbe.

    >> Para saber más:

  • Imagen de la presa construida por la empresa AES/ChanguinolaUna misión de la Fundación del Consejo General de la Abogacía de España se desplazó hace unas semanas a Panamá, site
    a petición de IPES Elkartea. El objetivo ha sido realizar un informe independiente sobre el cumplimiento por el Estado panameño de las recomendaciones y requerimientos recibidos desde los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

    Durante cuatro días, nurse cuatro abogados de la Fundación visitaron las comunidades de Charco de la Pava y de Valle Rey, pharm
    afectadas por la construcción de la presa Chan 75. Allí se reunieron con los dirigentes de estas comunidades y sus abogados, que les relataron la dramática situación por la que atraviesan.

    Este grupo de abogados aportará su punto de vista sobre la controvertida obra y su impacto en las comunidades Ngöbe

    En la ciudad de Panamá también se entrevistaron con representantes de la Cancillería y del Ministerio de Justicia e Interior, el Defensor del Pueblo, el Director de Asuntos Étnicos y representantes de la empresa constructora y del Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos( OACNUDH).

    El resultado de esta visita será la elaboración de un informe independiente. Este grupo de abogados aportará su punto de vista sobre la controvertida obra y su impacto en las comunidades Ngöbe.

    >> Para saber más:

  • Imagen de la presa construida por la empresa AES/ChanguinolaUna misión de la Fundación del Consejo General de la Abogacía de España se desplazó hace unas semanas a Panamá, treatment
    a petición de IPES Elkartea. El objetivo ha sido realizar un informe independiente sobre el cumplimiento por el Estado panameño de las recomendaciones y requerimientos recibidos desde los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

    Durante cuatro días, treatment
    cuatro abogados de la Fundación visitaron las comunidades de Charco de la Pava y de Valle Rey, afectadas por la construcción de la presa Chan 75. Allí se reunieron con los dirigentes de estas comunidades y sus abogados, que les relataron la dramática situación por la que atraviesan.

    Este grupo de abogados aportará su punto de vista sobre la controvertida obra y su impacto en las comunidades Ngöbe

    En la ciudad de Panamá también se entrevistaron con representantes de la Cancillería y del Ministerio de Justicia e Interior, el Defensor del Pueblo, el Director de Asuntos Étnicos y representantes de la empresa constructora y del Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos( OACNUDH).

    El resultado de esta visita será la elaboración de un informe independiente. Este grupo de abogados aportará su punto de vista sobre la controvertida obra y su impacto en las comunidades Ngöbe.

    >> Para saber más:

  • Imagen de la Red Navarra de Estudios Chinos

    La Red Navarra de Estudios Chinos – un proyecto liderado por la Universidad Pública de Navarra e IPES Elkartea – propone del 21 al 25 de marzo varias actividades bajo el título “Acercándonos a China”, health care
    de la mano del área de Actividades Culturales de la UPNA. Componen el programa dos películas, con nuestra profesora Berta Benarte a cargo de la presentación del tema y del coloquio posterior, y un Curso de Cocina China, impartido por Miguel Ángel Mateos. Es un buena muestra para conocer más la cultura, vida diaria y sociedad de ese gran país que es China.

    >> Para saber más

    • Charla
    • Cine
    • Exposición
    • Jornadas
    • Noticia

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, prostate
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, viagra sale
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, prostate
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, viagra sale
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, somnology
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, viagra approved
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, recipe
    miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, search
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, medical
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, purchase miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, search
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, medical
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, purchase miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, information pills
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, patient
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, search
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, medical
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, purchase miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

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    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


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    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, information pills
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, patient
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

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    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

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    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

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    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

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    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

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    miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

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    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

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    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

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    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

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    Mikel Berraondo, purchase miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

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    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

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    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


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    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, diabetes and Pregnancy
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, thumb
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, ed
    miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, symptoms
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, search
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

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    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

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    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


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    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, diabetes and Pregnancy
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, thumb
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    miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

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    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, symptoms
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola,
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, search
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, medical
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, purchase miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

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    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, information pills
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

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    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola,
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, tadalafil provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, weight loss provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, infertility intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, pilule miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Entrevista a Mikel Berraondo sobre el caso Chan 75 en Panamá

    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, healthful
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, more about
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2001, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, search
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, medical
    intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

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    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

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    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


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    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
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    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

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    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

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    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


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    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

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    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


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    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola,
    provincia de Bocas del Toro (Panamá)
    .

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Construcción de la presa desde Changuinola (Panamá)

    Desde el año 2007 el Área Internacional y Derechos Humanos de IPES Elkartea lleva adelante un proceso de acompañamiento a las comunidades Ngobe afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 en el distrito de Changuinola, tadalafil provincia de Bocas del Toro (Panamá).

    Los Ngöbe es uno de los grupos indíegnas mayoritarios que pueblan Panamá conservando su cultura y modos de vida tradicional, intimamente ligado a la preservación del medio natural en el que se situan.

    Mikel Berraondo, miembro de IPES Elkartea y abogado especialista en temas indígenas ha llevado desde el inicio de nuestra relación, junto con la representación legal de las comunidades, todo un proceso de defensa internacional ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de hacer prevalecer los derechos de las comunidades indígenas, reconocidos en la legislación panameña y el derecho internacional, pero ignorado en la práctica por el gobierno y la empresa AES Changinola, una de las corporaciones internacionales de energía más importantes del mundo, con fuerte presencia en Latinoamérica y principal productora de energía en Panamá.

    Después de dos visitas de análisis sobre el terreno y el acompañamiento ante instancias internacionales, Naciones Unidas y organismos Latinoamericanos de Derechos Humanos, Mikel Berraondo se encuentra de nuevo en la zona desde la que nos informa de la situación al día de hoy:

    “Los cambios más importantes que se han producido desde nuestra última visita en junio son la casi terminación del muro de contención de la presa y el avance de las labores de deforestación. Como se muestra en las imágenes, la empresa tiene previsto acabar las obras en enero de 2011, con lo que los trabajos avanzan a ritmo forzado…”

    Avance de la deforestación de la comunidad

    En paralelo han avanzado mucho con las labores de deforestación de lo que serán las laderas de la presa. Todas las tierras alrededor de Charco de la Pava han sido deforestadas. Esta deforestación afecta a todas las tierras alrededor de Charco de la Pava con lo que la vida es cada vez más insostenible dentro de la comunidad.

    La población de las comunidades está cansada de que ni el gobierno ni la empresa hayan cumplido con las promesas que hicieron y acuerdos que firmaron

    Como consecuencia de la canalización del río y la altura que ha alcanzado ya la presa desde el mes de agosto ya se han producido tres inundaciones. Con las lluvias el rio baja con mucha fuerza y cuando se desborda sube muy rápido el nivel, llegando incluso a las casas más cercanas. Los habitantes de la comunidad tienen mucho miedo (muchos de ellos no saben nadar) y algunas familias han decidido reasentarse de manera “voluntaria” ante el peligro para su seguridad.

    Las alternativas de reasentamiento que se ha ofrecido puede decirse que no existen. El lugar no está construido y sólo existen 11 casas hechas cuando serían necesarias alrededor de 45 más.

    Casas de realojo realizadas con materiales no consensuados con la Comunidad

    En su construcción no se han tenido en cuenta ni los criterios ni las peticiones de la comunidad para poder hablar de una vivienda digna que posibilite su modo de vida tradicional. Como ejemplo; los tejados de las casas son de Uralita y sin ningún aislante interior en una zona donde en tiempo frío la temperatura ronda entre 25 y 30 grados y la mayor parte del año pasa de 35.

    Ni el gobierno ni la empresa tienen intención alguna de respetar las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las peticiones realizadas por otros mecanismos internacionales (CERD, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas…). Quieren echar a la gente conforme las condiciones de vida sean insostenibles.

    Cartel del proyecto de reasentamiento

    Van a tratar de resistir hasta que cumplan con dichos acuerdos y puedan reasentarse en condiciones dignas con expectativas de vida para el futuro. Para que se de esto, la cuestión clave son los territorios. La comunidad necesita tierras donde cultivar o ir a cazar y de momento solo les ofrecen casas en lo que serán las orillas del pantano.

    La situación está estancada, aunque esperamos que la actuación de la Corte Internacional de Derechos Humanos pueda desbloquear la situación quieren preparar el informe sobre el fondo de caso pronto.

    Existe una gran preocupación por su futuro, ya que no saben como van a salir adelante si les quitan todo y no pueden tener acceso a nuevas tierras donde cultivar, cazar y pescar y llevar el modo de vida que como pueblo indígena quieren vivir. Cuentan con nuestro apoyo para conseguirlo”.


    Red Navarra de Estudios Chinos

    El Área Internacional y de Derechos Humanos de IPES participa en una nueva edición de las jornadas sobre el mundo chino, case
    organizadas por la Red Navarra de Estudios Chinos, read more
    formada también por la Universidad Pública de Navarra y la empresa FUDE.

    La V edición de estas jornadas se dedica a “Taiwán, help
    otra realidad”

    Conoceremos esta gran isla del Pacífico Occidental, donde viven 23 millones de habitantes. Taiwán es la República de China, la primera nación democrática de Asia (1912), y ha alcanzado importantes niveles de desarrollo económico. Abierta a la diversidad cultural de las poblaciones asiáticas cercanas, cuenta con una sociedad civil pujante, deseosa de mantener la esencia de sus tradiciones culturales junto a la vitalidad de la modernización. En tensión permanente con la China continental, las fuerzas nacionalistas se establecieron en la isla, tras su derrota frente al Partido Comunista de China. Ahora, los Estados de un lado y otro del estrecho buscan fórmulas de acercamiento, no sin dificultades.

    Una exposición de fotografías de destacados artistas taiwaneses, dos charlas y dos películas con comentarios y coloquios componen un programa en el que además ha colaborado la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España.

    Consulta el programa completo de las Jornadas.

    • Cine
    • Jornadas
    • Noticia

    El curso 2009-2010 – 20 años cumplidos del inicio del Área Internacional de IPES en su versión actual – ha concluido con un buen balance: 69 actividades diferentes (cursos, nurse cine y debates, cialis 40mg
    charlas, jornadas…) en las que han participado 8.474 personas e intervenido 73 personas como profesorado especializado. Al hilo de la actualidad, ha marcado el hilo conductor del año el protagonismo de los Derechos Humanos en varios escenarios mundiales (Palestina, Sahel, Irán, Colombia, Chechenia, Ciudad Juárez…), además de su relación con cuestiones globales(género, migraciones, cooperación, pobreza, islam, interculturalidad…)

    Hemos llevado a cabo Jornadas propias sobre Afganistán, Europa del Este, Irán y Género y Migraciones. Y también hemos participado en la cita anual con otras ONG y colectivos para sensibilizar sobre África imprescindible, China y Colombia. Asimismo, presentamos en Pamplona el Curso de Acción Humanitaria, con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y La Caixa.

    La Formación en Derechos Humanos a través del cine ha ampliado notablemente sus programas con talleres abiertos para el profesorado, escolares y el gran público; más la VI Muestra de Cine; sendas unidades didácticas y encuentros.

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    • Ayuntamiento de Pamplona