XIV Jornadas “Colombia: El derecho a vivir en paz.” organizadas por Mugarik Gabe, IPES Elkartea y Aldea. Del 10 al 20 de Junio.

10 jun

Left over from the war

En el sur de este país del cuerno de África, drugs la población más débil de las provincias de Bakool y Baja Shabelle, patient en la frontera con Kenia, visit this se muere de hambre. Personas ancianas y de toda edad, hombres y mujeres, y sobre todo niños y niñas se desplazan forzosamente al campo de Dabaab (Kenia) para recibir auxilio internacional, todavía muy escaso. Las cooperantes españolas han sido secuestradas a medio camino. La vida diaria de las gentes de esta geografía ha quedado arrasada por la sequía. Pero, el desastre tiene otras causas: el gobierno de Nairobi apenas ha invertido en el desarrollo de la agricultura, ganadería, educación e infraestructuras básicas de sus comunidades más desfavorecidas. Los precios de las semillas para obtener alimentos y de otros productos básicos se encarecen cada vez más. En los años 80 Somalia garantizaba el 85% de sus necesidades de cereales. En 2010 hubo una gran cosecha en la región de Baja Shabelle, muy fértil. Ahora ha llegado la sequía en medio de la guerra civil, que desde los años 90 ha hundido en el caos a las diferentes administraciones somalíes. Las autoridades corruptas de todas las facciones cobran impuestos a las ONG que reparten alimentos. Muchas veces la dependencia excesiva de esta ayuda acarrea pasividad, en vez de estimular la producción autóctona.

En el conflicto bélico de Somalia no se enfrentan tanto los clanes, entremezclados en cada uno de los contendientes, sino las comunidades rurales – llegadas a las ciudades para sobrevivir y que acaban marginadas – con las urbanas, ligadas a los poderes burocráticos.

Desde febrero de 2009, uno de los líderes de los Tribunales Islámicos, sheij Sharif Ahmed – un iman moderado sufí – dirige un ejecutivo transitorio de coalición, amparado por la Liga Árabe, las potencias occidentales y el despliegue militar de la Unión Africana. Está organizado en torno al Consejo de jefes de los clanes Hawiye. El gobierno de transición es incapaz de frenar el hambre por su incompetencia y porque su principal objetivo es controlar el país, en abierta lucha contra los grupos religiosos más extremistas y violentos: el Hizb Islami y las milicias Shabab, precisamente escisiones de los Tribunales Islámicos.

Mapa de la guerra en Somalia (Wikipedia)

El desastre tiene otras causas: el gobierno de Nairobi apenas ha invertido en el desarrollo de la agricultura, ganadería, educación e infraestructuras básicas de sus comunidades más desfavorecidas.

Los radicales lograron más fuerza cuando enarbolaron el nacionalismo frente a la invasión que Etiopía, animada por Estados Unidos, emprendió en 2006. Las tropas ugandesas del contingente africano han sido decisivas para que el ejército gubernamental – más preocupado por el botín para sus fidelidades clánicas que por un sentimiento nacional somalí – haya expulsado de Mogadiscio, la capital del país, a los grupos yihadistas. Debilitados por su expulsión de los mercados de Bakara y Suud Baad, donde obtenían entre 30 y 60 millones de dólares al año por tasas comerciales, sus posibilidades de reclutamiento son menores, por la extensión de la hambruna y los desplazamientos de las poblaciones de las provincias del centro y del sur, en las que detentan el poder. Sin embargo, las milicias Al Shabab califican la retirada de movimiento táctico para reagrupar sus efectivos hacia el puerto de Kismayo, al sur, puerta de entrada de suministros de armas y municiones y de ingresos procedentes de las extorsiones. Todavía poseen capacidad operativa y lo demuestran con atentados, como los sucedidos en Uganda e incluso en Mogadiscio.

A comienzos de 2009, los grupos más extremistas unieron sus fuerzas en el Hizb al-Islam (Partido Islámico) encabezado por el sheij Aweys, sostenido por el gobierno de Eritrea, que busca el triunfo de los radicales para que mantengan la tensión con Etiopía, su enemigo histórico. Después aparecieron las milicias Al Shabab, aliadas y al mismo tiempo rivales de Aweys. Sus disputas son de concepción organizativa y procedencia. Los jefes del Hizb al-Islam defienden un tradicionalismo religioso muy conservador y a la vez nacionalista, apegado al territorio somalí. Al Shabab promueve el yihadismo global, promovido por extremistas llegados de otros países. La región es el quinto frente de Al Qaeda. Mucho más combativos y eficaces, han conseguido el liderazgo en el movimiento radical. Como todos los yihadistas salafíes, proclaman la unicidad de Alá frente a la diversidad en la interpretación; el puritanismo en las costumbres religiosas locales y en la vida diaria; una segregación de sexos estricta; los castigos corporales y la violencia contra otras tendencias musulmanas, sobre todo el islam liberal y tolerante – más enraizado en Somalia – de las ordenes sufíes (entre ellas la Ahl al Sunna wal Jama’a) los místicos humanistas en el islam, que creen en la intercesión de los santos.

En consecuencia, los posibles conflictos entre los clanes han quedado en un segundo plano ante el extremismo religioso. La guerra ha experimentado un giro: continúa la lucha entre el gobierno de transición y los yihadistas; pero las hostilidades son sobre todo entre dos maneras de pensar y aplicar el islam. Las cofradías sufíes se oponen también con las armas al desviacionismo político-religioso de los extremistas del Hizb al-Islam y Al Shabab, influenciados por el rigorismo wahabí y de Al Qaeda, que han asaltado varios cementerios y mausoleos sufíes.

Crisis política, nuevas formas de guerra, sequía, hambruna generalizada, huida de la población. No podemos olvidar Somalia.

Fotos: “Left over from the war” por Carl Montgomery; y mapa de la guerra en Somalia de Wikipedia.
Militares golpistas de Malí

Los soldados golpistas de Malí no tenían futuro tras la condena y el embargo impuestos por los países vecinos de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), no rx
apoyada por Francia, mind
antigua potencia colonial. Uno de los objetivos de la junta del capitán Sanogo era contrarrestar la insurrección armada de los tuaregs. Pero las milicias del Movimiento Nacional del Azawad (MNLA) y del grupo yihadista Insar Dine, además de Al Qaeda del Magreb (AQMI), han aprovechado el caos en la capital Bamako para lanzar una rápida ofensiva y llegar hasta Tombuctú, la ciudad de los 333 santos del islam, encrucijada religiosa, cultural, de las redes comerciales y de las migraciones que atraviesan el Sáhara. Sin experiencia, liderazgo y alianzas políticas internas, el directorio militar ha sido aislado y derrotado.

las milicias del Movimiento Nacional del Azawad y del grupo yihadista Insar Dine, además de Al Qaeda del Magreb, han aprovechado el caos en la capital Bamako para lanzar una rápida ofensiva y llegar hasta Tombuctú

Ahora, la quiebra del Estado maliense exige unidad, fortaleza y no disputas internas. Porque el problema más importante de Malí es su práctica ruptura, una vez que el MNLA ha declarado la independencia de Azawad, el “territorio de la trashumancia”, en la mitad norte del país.
La escasa beligerancia del presidente derrocado, Amadou Toumani Touré (denominado ATT) ante los rebeldes, la delincuencia y el narcotráfico y el desvío a manos privadas de los fondos para la guerra figuran entre las causas del golpe. Su detonante más inmediato fueron las protestas de las mujeres de los soldados – víctimas en los combates – que reclamaron más suministros en armas y alimentos.

Sin embargo, la crisis de Malí refleja otros problemas más profundos del país, trasladables a buena parte de África: estados patrimoniales, militarismo, empobrecimiento e injerencias extranjeras.
ATT acabó en 1991 con la dictadura de 23 años dirigida por Moussa Traoré. Luego, cambió el uniforme por el traje de civil y desde 2002 ganó dos elecciones. Emprendió reformas y planes de desarrollo. El multipartidismo sustituyó al partido único. Pero, al cabo de los años, la peculiar “política del consenso” de ATT, ha significado un claro retroceso de la democracia. Nuevas estructuras burocráticas dieron lugar al clientelismo. En aras del lema “amigo de todos y nadie como enemigo” los pactos fagocitaron a casi toda la clase política y consolidaron una jefatura del Estado paternalista. El poder político y económico acabó confiscado por el grupo social y militar partidario de ATT. Con la excusa de que la construcción nacional requiere unanimidad, se compró a los medios de comunicación y las voces discordantes desaparecieron por la fuerza. La máxima africana “no puede haber dos caimanes machos en un solo brazo de un río” se impuso en Malí a la tesis de que el buen gobierno precisa una oposición sólida y viva.

la crisis de Malí refleja otros problemas más profundos del país, trasladables a buena parte de África: estados patrimoniales, militarismo, empobrecimiento e injerencias extranjeras

Muchas fronteras de África separan pueblos, culturas, etnias, clanes y formas de vida. Son resultado de una descolonización cuyo propósito fue crear estados frágiles y dependientes para que las metrópolis (sobre todo París con la red Françafrique) mantuvieran su influencia política y económica. Los tuaregs son un ejemplo, distribuidos en Argelia, Níger, Chad, Mauritania, Burkina y Malí, países en los que han protagonizado varias rebeliones. Los diversos gobiernos centralistas de Bamako han marginado a la población tuareg: mínimo acceso al empleo en la administración; abandono cultural; juventud sin trabajo y educación; precariedad en las condiciones de vida y escasa representación institucional. Las organizaciones tuareg han reivindicado al menos el reconocimiento de su identidad cultural y un reparto más igualitario de los recursos de Malí. Ante la negativa como respuesta, proclamaron el derecho a la autodeterminación y ahora la independencia.

En la medida que las formaciones estatales postcoloniales obedecieron más a las antiguas posesiones de las potencias occidentales y a sus intereses y los de las nuevas elites africanas que a la decisión libre a sus poblaciones, podría revisarse el principio de inmovilidad de las fronteras. En los años 50, Francia jugó con el proyecto de un Estado sahariano que incluyera Malí, Níger, Chad y el sur de Argelia. Eritrea y Sudán del Sur son estados recientes reconocidos internacionalmente. En Somalia, Puntlandia y Somalilandia van por libre. No obstante, es obligado comprobar también que la disgregación de los países ya establecidos en África puede acarrear más conflictos que ventajas: desplazamientos forzados; reanudación de la violencia; regímenes donde las identidades étnicas, clánicas, lingüísticas, culturales y religiosas excluyan al resto y nieguen los derechos de ciudadanía de todas las poblaciones en términos de igualdad. Añadamos las dificultades que se pueden generar para una integración económica imprescindible y nuevas ataduras a potencias externas.

Los militares africanos son actores principales de tablero político por su organización jerárquica y una posición de fuerza al controlar las armas. Desde las independencias, hace 51 años, ha habido 34 pronunciamientos en África Occidental. La excusa de salvar el país ha permitido restaurar autocracias. Muchos ejércitos son sinónimo de represión de sus poblaciones y actúan al dictado de los líderes de sus clanes. En Malí la oficialidad se hereda y el reclutamiento responde a la necesidad de obtener un trabajo para salir del paro endémico más que a la convicción de ser un instrumento para la defensa nacional. Las fuerzas armadas malienses reflejan el malestar general del país. La distancia de la clase política y los oficiales de alta graduación respecto a la sociedad y en ella los soldados con sus mandos de menor rango es enorme y reveladora. De hecho, ningún comandante, coronel y general se sumaron al golpe.

Mezquita Sankore en Tombuctú, Malí, por **El-Len**

Alrededor de la mitad de la población maliense sobrevive con 1,25 dólares. Sólo cuenta con 439 unidades industriales, mientras Costa de Marfil posee 6.000 y Senegal 4.000. Sin embargo, Malí dispone de recursos: es el primer productor de algodón al sur del Sáhara y el 12º mundial (2004). Produce legumbres, cereales y frutas. Su cabaña ganadera supera en cantidad a sus habitantes (15 millones de personas) y el oro representa el 75% de sus exportaciones. Otros minerales están sin explotar. Pero, la mayor parte de sus productos no se destinan al comercio local y a la autosubsistencia, sino a la exportación. Los precios se fijan en los mercados internacionales no en Bamako. La devaluación del franco CFA a finales de los años 90 impidió la acumulación de capital destinado a inversiones endógenas. La política de ajuste estructural, exigida por las instituciones financieras internacionales, liquidó empresas públicas, las subvenciones a los productos básicos para la alimentación y originó una elite empresarial poco emprendedora y ligada a las compañías extranjeras, que no han reinvertido en Malí sus beneficios. Completan el empobrecimiento, el hundimiento de los precios del algodón en 2005; la corrupción a pequeña escala en la vida diaria y a mayor nivel en el gobierno y el descenso de las remesas de la emigración debido a la crisis económica en Europa. A pesar de todo, sobresalen iniciativas de cooperación internacional al desarrollo: Entre 2008 y 2011, Navarra ha destinado alrededor de 2,6 millones de euros para ocho proyectos de cuatro ONGds, dedicados a salud, agua, infraestructuras… Algunos de ellos se encuentran en plena zona bélica.

Alrededor de la mitad de la población maliense sobrevive con 1,25 dólares. Sin embargo, Malí dispone de recursos: es el primer productor de algodón al sur del Sáhara y el 12º mundial (2004)

Después de la división de Malí, la prioridad de los estados vecinos y de Francia es garantizar la seguridad regional. El primer paso ha sido el pacto con los militares sublevados, el traspaso del poder al presidente de la Cámara, como señala la Constitución, y la convocatoria de nuevos comicios. Se perfila la creación de una zona de interposición en la frontera, marcada por el levantamiento en el norte de Malí. La negociación con los tuareg será más complicada, si el MNLA no se enfrenta a los yihadistas de Insar Dine y a los seguidores de Al Qaeda y controla el tráfico de armas y droga en este territorio. En todo caso, la independencia de Azawad es un hecho consumado, difícil de evitar salvo con otra guerra. Pero, el enemigo principal son los grupos yihadistas desde Malí a Somalia y del sur de Argelia al norte de Nigeria. Cada uno de ellos con sus ambiciones locales, si bien con la idea común de imponer una interpretación del islam intolerante y violenta. Los dirigentes de la CEDEAO hablan de organizar una fuerza militar de 3.000 soldados dispuestos a intervenir. No es tan sencillo. Faltan medios, una tradición militar común, estructura y dinero. Francia podría asegurar la logística, a cambio de abrir una base en Malí que sumar a las de Burkina, Chad y Yibuti, pero debe limitar sus exigencias, en pleno tiempo electoral, porque correría peligro la vida de sus nacionales secuestrados. Estados Unidos siempre ha querido trasladar el mando militar de Africom de Alemania a esta zona de África y participar en operaciones contra el terrorismo yihadista. Chocan con Argelia, que rechaza cualquier injerencia en su área de influencia y quiere el mando con la intención de impedir que esta región se parezca cada vez ma? a las zonas tribales afgano-pakistaníes.

El Sahel se configura desde hace años, y ahora con toda claridad, como un escenario geográfico en disputa. Mejor sería que los recursos económicos para los despliegues armados se destinaran a prevenirlos y a contener la hambruna que empieza a extenderse por aquellas tierras.
Heridos por perdigones, <a href=page
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Desde el 31 de enero de este año campesinos e indígenas ngobe llevan adelante movilizaciones de protesta contra la explotación minera de Cerro Colorado. Ya en el año pasado protestas similares culminaron con el acuerdo de San Félix entre el gobierno y Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesino.

Este acuerdo contemplaba la creación de una comisión de diálogo y la aprobación de una ley que prohíba explícitamente la exploración y explotación de la minería en la Comarca.

En claro incumplimiento de estos acuerdos se ha llevado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permitiría la explotación minera e hidráulica en la Comarca lo que dio inicio a las protestas. Se cortó la carretera Panamericana y el gobierno de Martinelli, for sale lejos de aceptar el diálogo para la salida del conflicto envió al lugar varias dotaciones de antidisturbios que reprimieron con desmedida dureza a los indígenas.

El cinco de febrero la policía antimotines cargó contra los manifestantes utilizando perdigones bombas de gas y, aunque la policía y el Ministro de Seguridad lo negaron, también armas de fuego.

El resultado de este uso abusivo de la fuerza deja el balance de dos muertos. Jerónimo Rodríguez Tumi indígena de 27 años muerto por una herida de bala en el pecho y en la madrugada del siete de febrero el menor de 16 años Mauricio Méndez por el impacto de una explosión en el rostro. Hay más de cien de heridos, muchos de ellos no se atreven a acudir a los hospitales por miedo a ser detenidos, y medios oficiales reconocen 44 detenidos, 10 de ellos menores.

Por orden del gobierno se cortó la señal de telefonía móvil para la zona de Occidente, se violó el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal de los detenidos y se ha iniciado una persecución de los líderes indígenas y sus organizaciones e incluso la Defensora del Pueblo de Panamá, Patria Portugal denunció ser objeto de la agresión por parte de la policía.

El Estado de Panamá ha desoído las recomendaciones y llamados de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y reincide en el incumplimiento de disposiciones legales que le obligan a garantizar el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos”.

IPES Elkartea forma parte, junto con la organización Almáciga del Programa para la Implementación de Derechos de los Pueblos Indígenas y ha venido trabajando en la protección de los indígenas ngobe tanto en Charco de la Pava ante la amenaza de la construcción de la presa Chan 77 como de la explotación minera en el corazón del territorio Ngöbe Buglé en Cerro Colorado.

Se ha presentado una petición de acción urgente ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y se sigue con preocupación el desarrollo de los acontecimientos ante lo que es una reiterada conculcación de los derechos que asisten a los pueblos indígenas del occidente panameño.

XIV Jornadas Colombia 2013

Hace casi siete décadas este país latinoamericano vive inmerso en un conflicto armado que ha condicionado su historia. Las FARC-EP nacida en los años sesenta es la principal guerrilla colombiana y la más antigua en Latinoamérica que sigue en activo.

Los distintos gobiernos colombianos han acometido procesos de negociaciones y operaciones contrainsurgentes que no han traído la paz ni por el acuerdo ni por la victoria militar.

Pero la violencia en Colombia no se reduce a una confrontación armada entre ejército y guerrilla. Otros actores como los paramilitares, visit this site
grupos de delincuencia y sobre todo una violencia estructural que somete a la población a niveles de pobreza y precariedad que en el medio rural son de subsistencia.

Es la población y sus organizaciones sociales y gremiales las que padecen la persecución y represión, remedy estigmatizados por los gobernantes son víctimas de numerosas violaciones de sus derechos humanos.

Con la irrupción del gobierno de Juan Manuel Santos se vuelve a hablar de negociaciones de paz. La sociedad civil a través de la Marcha Patriótica, info
manifestó su apoyo y su deseo al fin de la contienda entre los diferentes grupos armados.

Pero, ¿estamos realmente ante un proceso de paz?, ¿no será más que un nuevo intento para legitimar posturas y volver a un periodo de máxima confrontación? ¿Es realmente un proceso de paz donde se va a tratar los temas fundamentales que la hacen imposible? ¿o estamos ante una negociación para la desmovilización de la guerrilla?

Hay otro interrogante fundamental. Cuál está siendo el papel de la sociedad civil y en particular la del medio rural. La principal víctima del conflicto tiene que tener un papel importante en su resolución.
De todo ello hablaremos en las XIV Jornadas “Colombia: El derecho a vivir en paz.” organizadas por Mugarik Gabe, IPES-Elkartea y Aldea.

PROGRAMA

Lunes 10 Junio
Charla: “Una visión desde el mundo indígena” con Alex Guanga, líder del pueblo indígena Awa.

Martes 18 Junio
Charla: “La realidad de las comunidades de paz” con Alberto Franco, jesuita y miembro de la organización
de Derechos Humanos “Justicia y paz”.

Miércoles 19 Junio
Charla “¿Donde están las conversaciones de paz” con Javier Orozco, representante en el estado español
del sindicato de Trabajadores del Instituto de la Reforma Agraria de Colombia y exiliado Colombiano.

Jueves 20 Junio
Cine pobre, documental “15 años acompañando a defensores y defensoras de DDHH en Colombia”.

 

 

 

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