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10 nov

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, store
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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19 de Octubre de 2010

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Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, adiposity
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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, dosage
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, adiposity
dos siglos después, order este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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19 de Octubre de 2010

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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, prostate
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

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Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

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>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
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Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
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En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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dos siglos después, order este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

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Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, prostate
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, physician
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

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Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, adiposity
dos siglos después, order este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, store
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, dosage
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, prostate
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, physician
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, illness
dos siglos después, viagra 60mg
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, physician
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neuropathist
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, illness
dos siglos después, viagra 60mg
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, pilule 19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, physician
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neuropathist
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, illness
dos siglos después, viagra 60mg
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, pilule 19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona
El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, prostate
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, physician
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, neuropathist
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, illness
dos siglos después, viagra 60mg
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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Martes, pilule 19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

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¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

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Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, price
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, store
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, pharmacy dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, adiposity
dos siglos después, order este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas
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Martes, prostate
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

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Martes, neuropathist
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, illness
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este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, pilule 19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

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“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, search
dos siglos después, cure este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, allergy
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, viagra sale
dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
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Martes, sickness 19 de Octubre de 2010

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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

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El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

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La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

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19 de Octubre de 2010

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dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

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19 de Octubre de 2010

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Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

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El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, physician
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, troche
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neurosurgeon
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, order dos siglos después, sickness
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, stomatology
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, no rx
dos siglos después, generic
este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Gonzalo Fanjul durante la charla que dio en IPES

Un impuesto del 0, prostate
05% en las operaciones especulativas podría producir alrededor de 300.000 millones de euros anuales, lo que multiplicaría por cuatro la actual ayuda al desarrollo. Pero también serviría para luchar contra las consecuencias de la crisis en los propios países desarrollados. Esta es una de las ideas “irreverentes” que Gonzalo Fanjul, economista y director de la asesoría estratégica de Intermón Oxfam, planteó en el acto de apertura del curso 2010-2011 del Área Internacional de IPES.  En su opinión, “los gobiernos deberían perder el miedo a la palabra impuesto”.

Gonzalo Fanjul, que se desplazó a la capital navarra tras llegar de Brasil, considera que “tenemos mucho que aprender de ese país a la hora de buscar soluciones imaginativas a la crisis y de luchar contra la pobreza”. La primera lección es “escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”. En este sentido destacó las iniciativas que se están llevando a cabo para desarrollar una política de seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de la población en situación de precariedad. Y puso como ejemplo las Bolsa Familia que proporcionan recursos “monetarios o en especie” a los grupos familiares sin recursos pero que a su vez les exigen, por ejemplo, la escolarización de los niños o la participación de los adultos en programas de formación para el empleo. “Es una forma de crear un compromiso mutuo de lucha contra la pobreza”.

Tasa Robin Hood

Para Fanjul en un contexto de crisis provocada en gran medida por la actuación de un sistema financiero descontrolado tiene especial importancia el principio de proporcionalidad. Es decir que “no pueden pagar las consecuencias siempre los mismos”.

Cree que hay una clara percepción por parte de la ciudadanía de que quienes han generado la crisis, “no la están sufriendo y son ellos los que están perdiendo el trabajo y muchos derechos sociales”. Esto contribuye a deslegitimar las medidas de austeridad y las propuestas económicas de los gobiernos, ya que ven como la banca, el sistema financiero y otros sectores que han actuado de manera poco transparente reciben ayudas y apoyos.

“Escuchar y crear espacios de participación conjuntos para ciudadanos, empresas y  grupos sociales”

De ahí que abogue por la que se ha venido a llamar de forma popular “Tasa Robin Hood” y que supondría gravar con un 0,05% las transacciones financieras consideradas especulativas. “Se trataría de algo progresivo comenzando con las operaciones con divisas que son más fáciles de controlar por los bancos centrales”, explica. Pero el objetivo es ir más allá y lograr aplicar este impuesto a todo tipo de operaciones a corto plazo y a  los productos derivados, que nacieron en los años 90 para escapar de las regulaciones de los mercados bursátiles, y que están en el origen de la actual crisis. Fueron precisamente “los tiburones del sistema financiero los que entraron con productos derivados sobre productos agroalimentarios y han contribuido a la actual carestía de los mismos, poniendo en peligro el derecho a la alimentación de muchas poblaciones en el mundo”.

Por lo tanto se pregunta “por qué si hay impuestos específicos al patrimonio,  si gravan nuestras nóminas, no pedir ese retorno sobre operaciones que no contribuyen al bien público”.

Además, en su opinión, los gobiernos sean del signo que sean tienen que perder el miedo a la palabra “impuestos”. “Se ha llegado a una situación en la que la sociedad reclama más servicios y de mayor calidad, pero no parece dispuesta a asumir que tienen unos costes”.  De ahí que considere que la Tasa Robin Hood tiene además un valor pedagógico de cara a la población. “En la propuesta que se está manejando en el parlamento europeo se habla de dividir los recursos que se obtengan en tres tercios, uno para la lucha contra la pobreza en los propios países desarrollados, otra para ayuda al desarrollo y otra para luchar contra el cambio climático”.

De esta forma quizá  se pueda alcanzar el objetivo de en 2030 alimentar a una población mundial de 9.000 millones de personas “produciendo un 50% más y reduciendo las emisiones de carbono en un 90%”.

Charla y debate con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.

Minuto de realidad con Gonzalo Fanjul de IPES Elkartea Navarra en Vimeo.
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, seek
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, neuropathist
19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, illness
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este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Nunca se ha podido demostrar el efecto disuasorio de la pena de muerte, las estadísticas no muestran que su abolición haya producido un aumento de delitos en los países que así lo han hecho. Pedir que se aplique a delitos que producen un especial rechazo, como el terrorismo, es más un argumento emocional que racional. Un terrorista que acepta el riesgo de morir por defender su causa o que se inmola haciendo estallar los explosivos pegados a su cuerpo difícilmente valorará el riesgo de una condena a muerte para renunciar a sus crímenes.

La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

>> Para saber más, puedes descargarte el Informe de Amnistía Internacional “La pena de muerte en el mundo: entre la arbitrariedad, la crueldad y el uso político. Un caso único en las Américas: Estados Unidos”
Concentración contra la pena de muerte en Pamplona

Artículo publicado en Diario de Noticias
Martes, pilule 19 de Octubre de 2010

“¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.”
Así se expresaba el escritor Víctor Hugo. Hoy, dos siglos después, este argumento sigue teniendo absoluta vigencia en aquellos países que aun contemplan la pena de muerte como práctica legal.

El caso de la mujer iraní Sakineh Ashtiani, ampliamente publicitado en occidente y con interesadas compañías solidarias como el presidente Nicolas Sarkozy, o el de la estadounidense Teresa Lewis primera mujer ejecutada en Virginia desde 1.912, han renovado la polémica.

Más desapercibidas han pasado la ejecución por ahorcamiento de dos ciudadanos japoneses ordenada y presenciada por el ministro de justicia Keiko Chiba y es que, como en tantos casos de violaciones de derechos humanos, el país o el gobierno que los comete dan o no relevancia al hecho desviando la atención del hecho en sí.

¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

Concentración y acción de calle contra la pena de muerte en Pamplona

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

Quienes aún defienden este castigo extremo carecen de razón en sus argumentos y lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia.

El homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos, se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Se impone de forma arbitraria escogiendo un tipo de delitos penados y un número de delincuentes de entre todos los crímenes que se han perpetrado cada año, lo que lleva a errores que una vez aplicada la sentencia serán imposibles de reparar.

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La pena de muerte es la consecuencia de una cultura de la violencia, y no una solución a ella, los estados a aplicarla en nombre de sus ciudadanos y ciudadanas los convierten en cómplices, muchas veces involuntarios, niegan la posibilidad de rehabilitación y reconciliación y fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de acometer soluciones a las causas que provocan el delito.

Cuando la pena de muerte se utiliza para reprimir la disidencia política es aborrecible. Cuando se invoca como forma de proteger a la sociedad contra el delito, es ilusoria y siempre es una afrenta contra la dignidad humana.

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19 de Octubre de 2010

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¿Y qué queréis enseñar con vuestro ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñáis que no hay que matar? Matando.

A pesar de estos tristes ejemplos que equiparan a los países en la práctica de un castigo cruel inhumano y degradante, la pena de muerte se bate en retirada. A día de hoy 139 países la han desterrado de su legislación totalmente o son abolicionistas de facto. Cuando en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, sesenta años más tarde la tendencia a ponerle fin es esperanzadora y se hace evidente la incompatibilidad de la declaración con esta práctica.

Pero todavía no es posible bajar la guardia, 58 países y territorios mantienen este castigo si bien el mayor número de condenas se dictan y ejecutan en un reducido número de países en los que China, Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos ocupan los primeros puestos del ranking.

Este último país, que detenta el rango de potencia mundial, es el único de América que sigue ejecutando siendo el estado de Texas el que más se prodiga en esta práctica criminal con 463 ejecuciones desde que en 1.977 se volviera a aplicar esta pena. No obstante hay un dato positivo. El número de sentencias y ejecuciones ha disminuido y quince estados han abolido la pena de muerte.

Y la conciencia abolicionista crece entre personas que en el pasado la consideraron útil. Así se expresaba John Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente “Entonces (en 1976) identificamos tres objetivos que tendría que cumplir socialmente la muerte como sanción: incapacitación, disuasión y castigo. Sin embargo, en las pasadas tres décadas, cada una de esas razones ha sido cuestionada… Basándome en mi propia experiencia he llegado a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte representa la extinción más innecesaria y sin sentido de la vida”.

En Europa hay todavía personas condenadas a muerte y Bielorrusia – único país del continente que ejecuta a sus condenados – lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2.010.

En el derecho internacional hay salvaguardias legales y restricciones a la práctica de la pena de muerte que indican que no se aplique retroactivamente ni a menores de 18 años, a personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente ni a personas con enfermedad mental; que se garantice un juicio justo e imparcial y se respete la presunción de inocencia; que toda persona condenada a muerte tenga derecho a apelar la sentencia y a solicitar un indulto, que no se lleve a cabo su ejecución mientras haya recursos pendientes; y que se cause el menor sufrimiento posible, lo que incluye mejorar las condiciones de vida en los corredores de la muerte. Sin embargo, todas estas salvaguardias han sido violadas con mayor o menor frecuencia, en los países en los que se siguen produciendo ejecuciones.</